La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no existen elementos suficientes en la solicitud recibida de Estados Unidos para proceder a la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, ni de otros nueve funcionarios o exfuncionarios sinaloenses acusados por el Departamento de Justicia de EE.UU. por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, narcotráfico y delitos relacionados con armas.
La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Control Competencial, señaló que la documentación no incluye pruebas anexas que justifiquen la urgencia de la medida cautelar ni fundamentos suficientes según la legislación mexicana. Por ello, pedirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solicite a las autoridades estadounidenses ampliar la información. La Fiscalía también iniciará una investigación paralela. Vale mencionar que la presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado esta postura, exigiendo “pruebas contundentes e irrefutables” conforme al derecho mexicano para proceder, y ha advertido que no se tolerará injerencia extranjera, aunque ha afirmado que no se encubrirá a nadie si hay elementos.
La respuesta de la FGR era previsible para muchos analistas. La FGR es un órgano autónomo en teoría, pero en la práctica ha sido señalada por su cercanía al poder ejecutivo, especialmente bajo la actual administración de Morena. Rubén Rocha Moya es un aliado político clave del movimiento y de la presidenta Sheinbaum. La percepción de que la Fiscalía actúa con lentitud o exigencias elevadas cuando se trata de figuras cercanas al gobierno, mientras muestra mayor diligencia en otros casos, alimenta las acusaciones de sesgo político y posible encubrimiento.