Gilberto Aguirre, exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, fue sentenciado a 17 años de prisión por alterar pruebas y obstruir las investigaciones en el caso de la desaparición de un expolicía. Aguirre ocupó un cargo clave durante el gobierno de Javier Duarte, en una etapa marcada por graves señalamientos de irregularidades en peritajes y manejo de escenas del crimen en Veracruz. Ahora, un juez lo encontró culpable de manipular evidencia en un caso de desaparición. Resulta que este es el mismo sujeto que acusó de tortura a Jorge Winckler, exfiscal de Veracruz. Esa denuncia es precisamente la que mantiene a Winckler en prisión preventiva desde hace meses, tras ser vinculado a proceso por ese delito.
Resulta paradójico (por no decir preocupante) que una persona condenada por alterar un caso de desaparición haya logrado que su acusación de tortura sea el sustento principal para mantener privado de la libertad a Jorge Winckler. Esta situación genera dudas razonables sobre la solidez y la imparcialidad de las pruebas que sustentan la prisión de Winckler.
El caso pone de manifiesto, una vez más, las complejidades y posibles contradicciones en el sistema de justicia veracruzano, donde testigos o denunciantes con credibilidad judicialmente cuestionada pueden influir de manera determinante en procesos de alto perfil. Queda claro además que la prisión de Jorge Winckler no es un caso de justicia, sino una venganza de Éric Cisnero, “Bola 8” y Cuitláhuac García. Que Rocío Nahle permita que Winckler siga en prisión, eso la hace partícipe de esta injusticia.