Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
El resumen de la comparecencia, este jueves, de la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, es que los gobiernos emanados de lo que ellos llaman “la cuarta transformación” son iguales a los que desplazaron. *** En las auditorías que el organismo fiscalizador realizó durante 2025, se determinó la existencia de presunto daño patrimonial en 223 Entes Fiscalizables por un monto superior a los 2 mil 300 millones de pesos. *** En la etapa de solventación (cuando los Entes Fiscalizables tienen la oportunidad de demostrar que no se hizo mal uso de los recursos públicos) 156 de ellos realizaron reintegros por más de 61 millones de pesos. *** Para quienes sugieren que este órgano fiscalizador no “aprieta” a los servidores públicos, baste mencionar que, a partir de las investigaciones realizadas, el Orfis ha interpuesto, tan solo durante la gestión de la maestra Delia González Cobos, 181 denuncias que representan más de 942 millones de pesos. *** Desde hace un buen tiempo la auditora ha sido muy clara: el Orfis requiere de una constante actualización en materia de recursos tecnológicos, con el fin de agilizar los procesos de fiscalización. *** La auditora no se guardó nada. Fue cuestionada sobre las observaciones realizadas a obras millonarias como la remodelación del estadio Luis Pirata Fuentes, el Acuario de Veracruz y el gimnasio xalapeño conocido como “El Nido del Halcón”. *** Confirmó que en el caso del estadio de futbol y del acuario, hay carpetas de investigación por posibles casos de daño patrimonial y de sobrecosto, mientras que en el gimnasio se hicieron observaciones de carácter administrativo. *** Al final de la comparecencia quedó claro que no hay artimaña administrativa que escape a la vigilancia del Orfis y es larga la lista de servidores públicos que deberán responder ante la ley.
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Hay una frase que se hizo famosa en el cine de Hollywood y que pinta con exactitud la investigación que se lleva a cabo sobre el manejo financiero de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).
“Sigue el dinero” (Follow the money), es una frase que se hizo popular a raíz de la película de 1976 “Todos los hombres del presidente” (y atribuida a Mark Felt, agente del FBI y conocido como “Garganta Profunda”) para señalar que la corrupción política y los delitos se pueden descubrir rastreando las transferencias financieras.
Esa parece ser la táctica de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el caso de la desaparición de millones de pesos (se habla de que la cifra “extraviada” podría ser cercana a los 800 millones) producto de las aportaciones de estudiantes de la UPAV durante los últimos 4 años.
Información que surgió esta semana señala que en la pasada administración estatal, cuando era subsecretario de Educación Media Superior y Superior Jorge Miguel Uscanga Villalba, se materializó el saqueo a la UPAV, con la complicidad del entonces rector de esa institución educativa, Ome Tochtli Méndez Ramírez y de la sociedad mercantil denominada “Asociación Educación es Primero AEP, A.C.”.
La primera pista sobre esta nueva línea de investigación la dio el actual diputado federal Zenyazen Escobar, quien encabezó la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) durante buena parte de la administración de Cuitláhuac García. En una entrevista el legislador se deslindó del manejo de los recursos de la UPAV y aclaró: “Cuando nosotros estuvimos no hubo una falta de responsabilidades. Hubo transparencia en el manejo de los recursos. Ahí la responsabilidad es del Subsecretario y nosotros lo que hicimos, cuando estuvimos, fue garantizar un servicio”.
Hoy circulan documentos que señalan, justamente, al entonces rector de la UPAV y a quien fuera subsecretario de educación Media Superior y Superior.
Uno de esos documentos es un oficio del 2 de enero de 2025 firmado por Ome Tochtli Méndez Ramírez –esposo de la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos, actual presidente del Órgano de Administración Judicial– en el que manifiesta que “no cuenta, ni posee” la información que le fue solicitada, “pues en ningún momento elaboré, revisé o supervisé información contable y/o financiera de la Asociación referida”.
Dicho documento daba respuesta al oficio UPAV/RECTORIA/0327/20224 del 30 de diciembre de 2024, que le hizo llegar su sucesor en el cargo de rector de la UPAV, Sergio Torres Mejía, quien le pedía “información en materia de los aspectos financieros; el cumplimiento legal y fiscal; gestión y control interno; operaciones y gestión administrativa; así como los ingresos y gastos; todo derivado del convenio de colaboración entre la Asociación Educación es Primero AEP, A.C. y la UPAV”.
Esa Asociación, representada por José Luis Godos Hernández, firmó un convenio con la UPAV en diciembre de 2018, pero el 15 de julio de 2022 éste se modificó para extenderlo hasta el 30 de enero de 2027. Su objetivo, se dijo, era “coadyuvar en el desarrollo y mejora de las actividades que desempeña la UPAV en la impartición de servicios educativos de nivel media superior y superior, posgrados, carreras técnicas y capacitación para el trabajo”.
Al inicio del gobierno de Rocío Nahle García, la asociación “Educación es Primero” mostraba un adeudo de más de 42 millones de pesos, pasivo que fue absorbido por la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente, EDAL Asociación Civil, representada por Juan Carlos Montero Grajales.
Un nuevo convenio de colaboración marcaba la pauta para el manejo financiero de la UPAV. La Fundación se comprometió a brindar supervisión, apoyo técnico y económico; también apoyar en la selección y colaboración de los interesados en la colaboración de los servicios educativos que brinda la UPAV.
En uno de los anexos a ese convenio quedó de manifiesto que el adeudo que presentaba la asociación civil (42 millones 710 mil pesos) sería financiado por la Fundación, y la recuperación de dicho crédito se cubriría durante los 3 años de vigencia del convenio.
Sergio Torres Mejía, exigió tanto al exrector Ome Tochtli Méndez Ramírez como al representante de la Asociación Educación es Primero” pagar los adeudos, pero “por instrucciones del entonces secretario Zenyazen Escobar García y de quien fuera subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga, ni el exrector de la UPAV, Ome Tochtli Méndez Ramírez, ni el representante legal de la Asociación Educación es Primero, José Luis Godos Hernández, entregaron información alguna”.
Son esos exfuncionarios los que ahora pretenden acusar a quienes llegaron a sus sucesores del saqueo que ellos llevaron a cabo.
La titular de la FGE, Lisbeth Aurelia Jiménez dio a conocer, en su reciente comparecencia ante el Congreso local, que aún no concluía la investigación sobre el manejo de los recursos generados por la UPAV. Buena parte de los personajes aquí mencionados tendrán que responder ante la justicia.
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Epílogo.
¿Dónde están las fuerzas federales que, coordinadas con las estatales, deberían estar vigilando el norte de la entidad? *** No hay día en el que no se reporte alguna agresión vinculada a organizaciones criminales. ¿Será que a la delincuencia organizada no le preocupa la presencia de agentes federales, soldados y policías de Veracruz? *** Este jueves, en Poza Rica, un comando armado atacó una residencia en el fraccionamiento Heriberto Kehoe, en la calle Rufino Rodríguez. Varios sujetos allanaron la vivienda y se llevaron por la fuerza a su propietario, el empresario Éder Iván Zárate Satini y antes de retirarse prendieron fuego a la casa. *** Muy cerca de ahí, en Tuxpan, se reportó el fallecimiento de un taxista que había sido hospitalizado tras el ataque a la base de automóviles de alquiler “Platinum”. El de hoy fue el segundo fallecido por ese atentado. *** ¿Qué autoridad sale a dar la cara por la imparable violencia que se vive en el norte de la entidad?
