Filiberto Vargas Rodríguez/ El sábado 6 de diciembre, en Coahuayana, Michoacán, explotó una camioneta Dakota negra cargada de explosivos cerca del kiosco municipal y de la glorieta de San Vicente. *** La detonación dejó daños en al menos 12 vehículos y en varios inmuebles, incluyendo el hospital comunitario y la presidencia municipal, debido a una onda expansiva que llegó hasta los 400 metros. *** Minutos antes del mediodía el vehículo ingresó por la carretera 200 proveniente de Colima, en un fin de semana con alta afluencia de personas y mercaderes en la zona. La explosión, por fortuna, no causó víctimas fatales, pero generó pánico y destrucción material significativa. *** Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) calificó el hecho como un “acto terrorista”, primero la presidente Claudia Sheinbaum y horas más tarde el titular de Seguridad, Omar García Harfuch, insistieron en aclarar que el hecho no podía calificarse como “terrorismo”. Parecía que el término les generaba escozor. *** Mientras tanto, en Veracruz, la nueva Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendió al periodista Rafael León Segovia, reportero de nota roja en Coatzacoalcos, a quien le imputa el delito de “terrorismo”. *** La orden judicial fue emitida por el juez José Guadalupe Nucamendi Albores, titular del Juzgado Primero de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Coatzacoalcos. *** Nadie ha dicho, hasta ahora, cuáles fueron los hechos por los que se le acusa de tan grave falta. Lo que sí es seguro, es que él no hizo detonar un carro-bomba.
Es un vicio recurrente: cuando la autoridad se reconoce incapaz de resolver un problema, recurre al abuso de poder.
La noticia que circuló en medios de comunicación del estado hablaba de que un “fuerte operativo” encabezado por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) derivó en el cateo de una gasolinera ubicada sobre la Autopista 150D Veracruz- Córdoba, a la altura del municipio de Amatlán de los Reyes.
En dicho operativo -mencionan las notas operativas- “fueron asegurados presuntos autotanques cargados con hidrocarburo de origen ilícito”.
La realidad, sin embargo, fue otra muy distinta.
La mañana del martes 16 de diciembre, poco después de las 10 horas, llegaron hasta ese sitio patrullas de la Secretaria de Seguridad Pública del estado (SSP), lo mismo que unidades del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN). Personal de esas corporaciones rodeó el predio y entró sin presentar orden judicial alguna.
Mientras varios uniformados resguardaban entradas y salidas de esas instalaciones, otros grupos se encargaron de aprehender a todas las personas que se encontraban en su interior. Fueron 11 detenidos, entre los que se contaban tres operadores de tractocamión (Daniel N, Javier N y Diego N) un mecánico (Jesús N), dos encargados de servicios generales (Jesús N y Luis N) y cinco operadores de una constructora que realizaba trabajos en el predio.
Todos ellos fueron subidos a las patrullas y llevados a algún otro sitio del que a nadie informaron.
Los familiares de las personas detenidas, luego de que transcurrieron horas sin comunicación, se trasladaron a las instalaciones que seguían aseguradas por elementos de las policías estatal y federal, además de elementos del Ejército Mexicano. Preguntaron por los detenidos, pero los ahí presentes se limitaron a informar que ellos sólo estaban acordonando la zona y no tenían más información.
Abogados de las empresas afectadas tuvieron que recurrir a la gestión de amparos para conseguir que presentaran a las personas incomunicadas, señalando que los elementos de las tres corporaciones ingresaron al predio sin orden alguna para llevárselos a bordo de sus patrullas.
Horas después, cerca de las 10 de la noche, los familiares recibieron una llamada de alguien que se identificó como “agente investigador de la FGR con sede en Córdoba” quien les informó que los detenidos se encontraban en sus instalaciones y los invitaban a acudir ahí para informales sobre su situación legal.
Una vez en las instalaciones de la FGR, el mismo personaje que se comunicó con ellos y que se identificó como “Mauricio” les informó que sus familiares habían sido detenidos por “delitos en materia de hidrocarburos” (huachicol) y que en las siguientes 48 serían trasladados a Xalapa para determinar su situación jurídica.
Pasaron las 48 horas y mucho después, a las 10 de la noche del jueves 18 de diciembre -ya vencido el término- una vez más fueron llamados los familiares de los detenidos para informarles que ahora serían investigados por delincuencia organizada y les aconsejaron que “buscaran abogados”.
Fue hasta el viernes 19 de diciembre a las 2 de la tarde, cuando ya habían transcurrido más de 73 horas desde su detención, cuando fueron dejados en libertad sin explicación alguna, aunque con la advertencia de que seguirían siendo investigados.
En resumen: no hubo tan “huachicol”, la irrupción al inmueble fue arbitraria, sin que presentaran orden judicial que les autorizarla a ello; el material asegurado por la FGR tiene un origen lícito y la detención de las personas que en ese momento se encontraban en el interior del predio fue un abuso de poder. No pueden alegar “flagrancia” si no hay delito.
Es importante que tanto el secretario de Seguridad Pública estatal, el contralmirante Alfonso Reyes Garcés, como el delegado de la FGR en Veracruz, Mauricio Alejandro Rosaldo García, ofrezcan una explicación sobre estos hechos.
Los empresarios agravados ya buscaron asesoría legal y pronto habrá denuncias y quejas ante el órgano interno de control de la FGR.
Epílogo.
Dicen que “cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde”. *** A partir de denuncias e impugnaciones de los representantes de Morena y del Partido del Trabajo (PT), llegó hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la demanda de nulidad de la elección municipal en Tamiahua, con el argumento que la candidata ganadora, Citlalli Medellín Careaga (PVEM) habría rebasado el tope de gastos de campaña. *** El tema aún no ha sido discutido y votado en esa última instancia, pero el proyecto de resolución que presentó el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón les da la razón a los quejosos y propone que se anule la elección. *** En su argumentación, el magistrado expone: “Debe declararse la nulidad de la elección municipal en Tamiahua, Veracruz, debido a que está demostrado que el PVEM y su candidata, excedieron en un 63.73% el tope de gastos de campaña autorizado, circunstancia que generó una asimetría indebida en la competencia que, razonablemente, pudo incidir en el resultado final de la votación, ya que el dinero en los comicios se traduce en posibilidad de elaborar y difundir más propaganda, tener mayor presencia política y mejores condiciones operativas para obtener el voto”. *** En las próximas horas se habrá de votar la propuesta y sabremos si la elección se anula, o se confirma el triunfo de la candidata del Partido Verde.
