La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con todos los gobernadores del país y su Gabinete de Seguridad. En esta reunión la presidenta exhortó a los gobernadores a combatir el delito de la extorsión: “Uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país”. Sin embargo, la realidad contradice el discurso presidencial. El pasado 7 de diciembre de 2025, la comunidad rural de Villa Unión, en la sindicatura de Mazatlán, Sinaloa, vivió un brutal ataque armado que dejó como saldo la muerte de Vicente “U” y su esposa Daniela “N”, una pareja de agricultores reconocida por generar empleo en la región. Mientras dormían en su domicilio, fueron víctimas de una agresión con armas de fuego y artefactos explosivos lanzados contra la vivienda, que también resultó incendiada.
Las autoridades hallaron los cuerpos de las víctimas en el baño de la casa, junto con dos granadas sin detonar. Vicente, quien llevaba años al frente de operaciones agrícolas en el norte de El Rosario y sur de Mazatlán, empleaba a cerca de mil familias locales, principalmente de Villa Unión, en la cosecha de chiles y hortalizas. Su labor era vital para la economía de la zona, pero se convirtió en blanco de extorsionadores ligados al crimen organizado, un problema endémico en Sinaloa que afecta a productores independientes. Según reportes, el motivo del ataque fue la negativa de la pareja a pagar “cuotas” exigidas por grupos delictivos, en un contexto de violencia creciente por disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa.
El incidente generó indignación entre los habitantes, quienes denunciaron un retraso de más de cuatro horas en la respuesta policial, pese a que el secretario de Seguridad Pública estatal, Jaime Otoniel Barrón, afirmó que solo transcurrieron 30 minutos desde la alerta al 911. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa investiga no solo el homicidio, sino también a elementos de la Policía Municipal de Mazatlán por presunta omisión en su intervención, lo que podría derivar en cargos. Este caso resalta la vulnerabilidad de los trabajadores del campo ante la extorsión, un delito que ha escalado en la región agroindustrial sinaloense, exacerbado por la fragmentación interna de los cárteles.