El 1 de noviembre de 2025, un devastador incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, Sonora, cobró la vida de 24 personas, incluyendo seis menores de edad, y dejó 12 heridos, algunos con quemaduras graves que requieren atención especializada en Estados Unidos. El siniestro, originado por la explosión de un transformador eléctrico instalado irregularmente en el interior del establecimiento, expuso graves fallas en materia de seguridad: la sucursal operaba sin programa interno de Protección Civil desde 2021 y no había sido inspeccionada en casi cuatro años, pese a un dictamen aprobatorio previo. A un mes de la tragedia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene abierta la carpeta de investigación con 553 actos de indagatoria, incluyendo peritajes técnicos, 148 declaraciones de testigos, empleados, directivos y funcionarios públicos, así como la detección de documentación apócrifa utilizada en trámites oficiales.
Sin embargo, persiste la controversia: según reportes periodísticos, los socios fundadores de Grupo Vizion Lerma —holding que controla Waldo’s Dólar Mart de México, con 68 sucursales cerradas en Sonora y 940 en el resto del país— no han sido citados a declarar, limitando las indagatorias a gerentes y empleados. La FGJES desmiente esto, afirmando que altos ejecutivos han comparecido bajo reserva para proteger la presunción de inocencia, y que la pesquisa avanza “sin exclusiones” con apoyo de expertos de la UNAM e IPN.
Hasta ahora, no hay detenidos ni responsabilidades judicializadas, pese a las promesas del gobernador Alfonso Durazo de “no impunidad” y reformas en Protección Civil, con un incremento presupuestal de 96 a 152 millones de pesos. La empresa ha emitido cinco boletines expresando solidaridad, cubierto gastos funerarios y ofrecido apoyos, pero los propietarios —encabezados por el fundador Samuel Michan— mantienen silencio público, evocando críticas por opacidad similar a casos como la Guardería ABC