El 5 de diciembre de 2025, un gran jurado federal en Manhattan, Nueva York, presentó cargos contra Paul Campo, exagente de alto nivel de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA), y su asociado Robert Sensi, por conspiración en narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Los acusados, según el Departamento de Justicia de EE.UU., planearon lavar aproximadamente 12 millones de dólares procedentes del narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), convirtiendo 750.000 dólares en criptomonedas e invirtiendo en bienes raíces.
Adicionalmente, Campo y Sensi acordaron adquirir armas de fuego, explosivos de grado militar y drones para el CJNG, organización designada como terrorista extranjera por el Secretario de Estado Marco Rubio en febrero de 2025. La operación involucró a un informante confidencial que se hizo pasar por miembro del cártel, dirigido por autoridades federales, lo que permitió capturar las conversaciones donde Campo presumía de su experiencia en la DEA para facilitar el esquema.
El fiscal federal Jay Clayton calificó el caso como un intento de asistir a uno de los cárteles más violentos de México, responsable de miles de muertes por tráfico de drogas y violencia en EE.UU. y México. Campo, de 61 años y retirado en 2016 tras 25 años de servicio, y Sensi, de 75 años, enfrentan penas de hasta cadena perpetua y comparecieron en corte federal el mismo día. Este incidente resalta fallas en la supervisión de la DEA, que ha registrado al menos 16 casos similares de corrupción en la última década.