Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI y senador con fuero, enfrenta múltiples investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La Fiscalía General del Estado de Campeche indaga la adquisición irregular de 47 propiedades, incluyendo una mansión valuada en 128 millones de pesos y medios de comunicación en esa entidad. Además, se le acusa de financiar grupos violentos (“bloque negro” y “porros”) durante la marcha de la Generación Z en el Zócalo de la CDMX el 15 de noviembre de 2025, con pagos de hasta 10 mil pesos por persona para generar disturbios, según denuncias de la bancada de Morena en el Congreso local.
En su conferencia matutina del 1 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la investigación contra Moreno «está pendiente» y respaldó su avance, enfatizando que no debe haber impunidad. Respecto a los terrenos expropiados en Campeche, adquiridos irregularmente por familiares y allegados de Moreno, Sheinbaum señaló que «parecen adquiridos por lavado de dinero de la corrupción» y anunció que, de ganar Morena el gobierno estatal, uno se usará para construir la Universidad Rosario Castellanos.
Sobre la violencia en la marcha, avaló la comisión investigadora del Congreso de la CDMX y la intervención de la Fiscalía General de Justicia local, insistiendo en que «hay nombres y apellidos» detrás del financiamiento, y que las autoridades «llegarán al fondo de los hechos» para sancionar a responsables, sin tolerar violencia en manifestaciones. Estas declaraciones escalan la tensión política entre Morena y la oposición, con Moreno amenazando denuncias contra Sheinbaum por difamación. La mandataria reiteró el compromiso de su gobierno con la procuración de justicia autónoma, evitando que se perciba como persecución política.