Verónica Hernández Giadáns, fiscal espuria de Veracruz, enfrenta un panorama incierto ante una reforma constitucional que se discute en el Congreso local este martes 25 de noviembre de 2025. La iniciativa, presentada originalmente en noviembre de 2024 por el diputado de Morena Diego Castañeda Aburto y enriquecida con propuestas posteriores, busca modificar el artículo 67 de la Constitución estatal para acortar el periodo de designación de la fiscalía de 7 a 4 años, redefinir los mecanismos de nombramiento y remoción, y devolver al Ejecutivo la facultad de designar y remover al titular por causas graves, como sentencias por violencia política de género. Vale recordar que la llegada de Hernández Giadáns se dio por la remoción de Jorge Winckler, un fiscal que estorbaba para las venganzas políticas y personales de Eric Cisneros Burgos, Bola 8 y de Cuitláhuac García.
De hecho, la fiscal espuria nunca dejó de ser una subordinada del Bola 8. Si se aprueba esta iniciativa con dos terceras partes de los votos y el aval de los ayuntamientos, esta reforma entraría en vigor de inmediato, lo que implicaría la salida automática de Hernández Giadáns, cuya gestión ha sido criticada por ineficacia en temas clave de justicia. Colectivos como “Solecito” han exigido su remoción por fallas en la procuración de justicia para desaparecidos, y en marzo de 2025, Bautista reiteró que la destitución respondería a la falta de avances en feminicidios y desapariciones forzadas.
Algunos desaciertos destacados en su gestión han sido la falta de avances en desapariciones forzadas, las críticas recurrentes por la baja tasa de resolución y sentencias en investigaciones de violencia de género. Vale recordar que en julio de 2025, Verónica Hernández Giadáns alteró el reglamento de la FGE para garantizarse seguridad personal post-cargo, visto como un acto de autopreservación en medio de la presión por su salida.