De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021) del INEGI y reportes de la Secretaría de la Función Pública (SFP), aproximadamente el 80% de las denuncias por acoso y hostigamiento sexual en dependencias del gobierno federal mexicano no reciben sanción alguna contra los agresores. Entre 2016 y 2023, la SFP registró más de 3,200 quejas por acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral federal. Solo en alrededor del 20% de los casos se impusieron sanciones (destitución, inhabilitación o suspensión), según informes de transparencia de la propia Secretaría y reportes de la ASF (Auditoría Superior de la Federación).
Organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y México Evalúa han documentado que la mayoría de los casos se archivan por “falta de elementos”, prescripción o conciliaciones informales que benefician al servidor público señalado. En 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 46/2022, señalando la impunidad estructural en instituciones como la SEDENA, SEMAR y la Guardia Nacional, donde menos del 15% de las denuncias internas prosperan.
En resumen, aunque existe un marco normativo (Ley General de Responsabilidades Administrativas y Protocolo para Prevenir el Acoso Sexual), ocho de cada diez casos confirmados o denunciados terminan sin consecuencia para el agresor, lo que convierte al gobierno federal en uno de los espacios laborales con mayor tolerancia institucional al acoso sexual en México.