Según autoridades estatales, se incautaron 118 armas, una tonelada de drogas y se detuvieron a 81 personas, incluyendo 10 adolescentes. Sin embargo, el saldo humano ha generado conmoción: decenas de cadáveres quedaron esparcidos en calles y zonas boscosas, muchos sin identificar, y residentes reportaron hallazgos adicionales de cuerpos abandonados.
El gobernador Cláudio Castro, aliado del exmandatario Jair Bolsonaro, defendió la operación como un “éxito” contra “narcoterroristas”, pero fue criticado por expertos y organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y la ONU, que la calificaron de “masacre” y “baño de sangre”. El presidente Lula da Silva expresó su “terror” por el número de muertes y urgió investigaciones independientes, destacando que el gobierno federal no participó y que la seguridad es responsabilidad estatal.