Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado después de subir un video en el que denunciaba la extorsión que sufren los productores de limón en Apatzingán. En los últimos años, la extorsión ha asfixiado al sector limonero de Apatzingán, Michoacán, donde se centra el 70% de la producción nacional, con cobros de “derecho de piso” por grupos como Los Viagras, aliados del CJNG, Los Blancos de Troya y remanentes de Los Caballeros Templarios. Las cuotas han escalado de 40 centavos a un peso por kilo de limón en 2023 a de 2 a 4 pesos por kilo de limón en 2024-2025, afectando a miles de familias y generando pérdidas millonarias, estimadas en 850 MDP anuales en 2022.
Al ser un negocio muy redituable, los grupos del crimen organizado no van a permitir que un líder los exhiba como extorsionadores, pero sobre todo, exhiba al gobierno estatal y al federal, de no estar haciendo nada. El periódico El Universal señala que al menos están documentados 12 casos de empresarios, comerciantes y hasta taxistas que por denunciar extorsión han sido asesinados sin que las autoridades hagan algo por evitar estas muertes.
La lógica indica que si las autoridades no hacen nada por detener la extorsión, es porque hay actores políticos que llevan su buena mochada en este negocio de la extorsión. Para qué ponerse del lado de los productores, si ponerse de parte del crimen organizado deja más dividendos.