La madre había mentido al padre, alegando que la adolescente se contagió de COVID-19 y viajaba a la sierra para aislarse, encubriendo así la intervención. Arellano descubrió la verdad durante el velorio, al recibir un mensaje anónimo y notar el corpiño quirúrgico en el cuerpo de su hija, lo que lo llevó a exigir una autopsia y denunciar ante la Fiscalía General del Estado de Durango por negligencia médica, encubrimiento y posible mala praxis. El caso ha generado indignación nacional, con organizaciones feministas y activistas como Fernanda Flores denunciando la presión social sobre los cuerpos de las menores y la falta de regulación en cirugías estéticas para adolescentes. La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) suspendió provisionalmente al cirujano implicado, hijo de un exmagistrado local, avivando temores de impunidad.
El 27 de septiembre, familiares, amigos y ciudadanos marcharon en Durango exigiendo justicia, con consignas como “No más cuerpos infantilizados”. Arellano, visiblemente afectado, lamentó: “Tenía muchos planes con mi hija y todo se cayó. Era una chica estable, jugaba voleibol, tenía amigas y soñaba con estudiar en Monterrey y celebrar sus XV años en enero”. La Fiscalía confirmó la detención de la madre y el cirujano ese mismo día, pero el padre insiste en penas ejemplares para evitar impunidad, mientras se esperan resultados de la necropsia en 20 días. Este trágico suceso resalta la urgencia de reformas éticas y legales en procedimientos estéticos para menores en México.