El 22 de septiembre de 2025, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada federal suplente por el Partido Acción Nacional (PAN), presentó en la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de la bancada de Morena en el Senado. La demanda, interpuesta en su calidad de ciudadana, busca la destitución de su cargo y una inhabilitación de hasta 20 años para ejercer funciones públicas, además de la apertura de procesos penales correspondientes. La solicitud se enmarca en el escándalo del grupo criminal “La Barredora”, una célula ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operó en Tabasco durante el gobierno de López Hernández (2019-2021). Pérez-Jaén acusa al exgobernador de actos y omisiones que favorecieron al crimen organizado, específicamente por presunta complicidad con Hernán Bermúdez Requena (“Comandante H”), su secretario de Seguridad Pública hasta 2024.
Bermúdez fue detenido en septiembre de 2025 en Paraguay por liderar “La Barredora”, implicado en tráfico de drogas, extorsión y más de 1,800 desapariciones en el estado. Se alega que Adán Augusto López incurrió en delitos como tráfico de influencias, cohecho y encubrimiento, al tener conocimiento de las actividades ilícitas de Bermúdez —evidenciado en reportes de inteligencia militar de la Sedena fechados entre febrero y marzo de 2021— y no actuar en consecuencia, pese a ser su superior jerárquico.
Estos informes, filtrados por el colectivo Guacamaya, alertaron al gobierno federal sobre “La Barredora” meses antes de que López asumiera como secretario de Gobernación (agosto de 2021). Por supuesto, con una Cámara de Diputados con mayoría de Morena difícil será que ese juicio político prospere. Sin embargo, si en este país se ejerciera la justicia, Adán Augusto ya estaría vinculado a proceso.