Lo ocurrido el 10 de septiembre del año en curso, alrededor de las 14:30 horas, en el Puente de la Concordia, en la Calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México es una verdadera tragedia que ocasionó estragos irreversibles. Conforme han pasado las horas nos han revelado la cantidad de personas que fueron víctimas de la onda expansiva. En el reporte señalan que una pipa de gas LP con capacidad para 49,500 litros se volcó y explotó dejando a tres personas fallecidas y más de 70 personas heridas. La unidad pertenecía a Transportadora Silza, S.A. de C.V., conocida comercialmente como Gas Silza y parte del Grupo Tomza, un conglomerado con casi 60 años en el transporte y almacenamiento de gas LP.
Tras un rastreo de permisos y seguros, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), confirmó que la empresa no contaba con pólizas de seguro de responsabilidad civil ni por daño ambiental vigentes para el semirremolque involucrado. En lo que va de 2025, Silza no presentó ninguna solicitud de registro ante la ASEA, pese a poseer permisos de transporte emitidos por la Comisión Nacional de Energía. Adicionalmente, la Terminal Marítima Gas Tomza, donde se cargó el gas, tenía una póliza vencida desde el 12 de junio de 2025, y una solicitud posterior para renovarla fue desechada.
Esta irregularidad agrava el escenario, ya que deja en incertidumbre la cobertura para víctimas y daños materiales, y podría derivar en sanciones legales por parte de la ASEA y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya investiga el caso. Este suceso resalta fallas en la supervisión de seguros obligatorios en el sector, reabriendo debates sobre la regulación de transportes de sustancias peligrosas en zonas urbanas