La gentrificación en la Ciudad de México se ha intensificado en los últimos años, impulsada por la llegada de nómadas digitales y extranjeros, principalmente de Estados Unidos, atraídos por el bajo costo de vida relativo y el auge del trabajo remoto post-pandemia. Este fenómeno transforma barrios céntricos como Roma, Condesa, Juárez y el Centro Histórico, elevando los precios de renta hasta un 66% en algunos casos (de 16,000 a 26,000 pesos mensuales en Condesa entre 2021 y 2023), lo que desplaza a miles de familias locales hacia periferias y genera tensiones sociales, incluyendo protestas con actos vandálicos el 4 de julio de 2025. Según el gobierno capitalino, anualmente se expulsan alrededor de 20,000 a 30,000 hogares de bajos ingresos, exacerbando un déficit habitacional del 20.72% y un precio promedio de vivienda de 3.8 millones de pesos, el más alto del país.
En respuesta, la jefa de Gobierno Clara Brugada presentó en julio de 2025 el «Bando 1: Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local», un plan de 14 medidas que incluye regular rentas para que no superen el IPC, crear un Índice de Precios de Alquiler Razonable, fortalecer la regulación de plataformas como Airbnb, impulsar 200,000 acciones habitacionales (con 9,000 millones de pesos presupuestados para 2025) y establecer una Defensoría de Derechos Inquilinarios. Para enriquecer este plan con participación ciudadana, el gobierno inició foros y asambleas en alcaldías como Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, enfocados en diálogos territoriales, grupos vulnerables y propuestas específicas contra la gentrificación.
Como resultado de estos ejercicios participativos, realizados entre julio y agosto de 2025 en sedes como el Museo de la Ciudad de México y colonias afectada, se recopilaron más de 2,500 propuestas de vecinos, inquilinos, comerciantes, urbanistas y colectivos. Estas fueron entregadas formalmente a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, para integrarlas al Plan Maestro de Desarrollo en zonas de “tensión inmobiliaria” (12 colonias identificadas por alto costo de suelo y reducción de oferta habitacional). Brugada enfatizó que el proceso busca soluciones inclusivas sin xenofobia, priorizando el derecho a la vivienda y el comercio local, con debates abiertos en universidades y el Congreso local para una Ley de Rentas Justas.