En el contexto del narcotráfico en México, los carteles han mantenido históricamente un “pacto de caballeros”, informal que establece zonas neutrales, como hospitales, escuelas y lugares de culto, donde se prohíben actos de violencia para evitar represalias masivas de las autoridades y la sociedad. Este acuerdo, aunque no oficial, ha sido respetado en gran medida para minimizar el escrutinio público y las intervenciones gubernamentales. Sin embargo, reportes recientes indican que el Cártel de Sinaloa (CDS) podría estar rompiendo este pacto, lo que representa una escalada peligrosa en la guerra contra rivales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Según fuentes periodísticas y análisis de seguridad, en agosto de 2025, el CDS ha sido vinculado a ataques directos contra instalaciones hospitalarias en regiones disputadas de Sinaloa y estados colindantes. Por ejemplo, un incidente reportado en Culiacán involucró el asalto armado a un hospital público, supuestamente para eliminar a un objetivo herido del CJNG que recibía atención médica. Este acto viola explícitamente el código de no agresión en zonas neutrales, que data de al menos la década de 2010 y ha sido documentado en investigaciones de la DEA y el gobierno mexicano.
Expertos en crimen organizado, como los del Instituto de Estudios para la Paz y el Desarrollo (InSight Crime), atribuyen esta ruptura a la intensificación del conflicto interno dentro del CDS tras la captura de líderes como Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, lo que ha fragmentado la organización y llevado a tácticas más desesperadas. Las implicaciones son graves: estos ataques no solo ponen en riesgo a personal médico y pacientes inocentes, sino que erosionan la confianza en las instituciones de salud y podrían provocar una respuesta federal más agresiva.