El 19 de agosto de 2025, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, ocurrió un incidente fatal durante un punto de revisión policial en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier. Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaron inspeccionar una motocicleta sin placas conducida por Dionisio Huerta y su hijo Christopher Huerta, de 21 años. Según la versión oficial de la SSC, los motociclistas se negaron al procedimiento, adoptaron una actitud agresiva y escalaron el altercado a una riña física en plena vía pública. Videos virales en redes sociales capturaron el momento: uno de los motociclistas sometió al policía Julio César “N” al suelo y lo pateó, mientras el otro continuaba la pelea con el segundo oficial. Al alejarse el agresor, Julio César, desde el piso y herido, disparó su arma de cargo por la espalda, impactando en la cabeza a Christopher, quien cayó inmediatamente.
La víctima fue trasladada al Hospital General Balbuena, donde falleció poco después. Testigos increparon al oficial, con sangre en el rostro, exigiendo su detención inmediata. La SSC confirmó la detención de Julio César “N” en el lugar, junto con su arma, y lo puso a disposición del Ministerio Público. Paralelamente, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa interna. Otro policía involucrado, Luis Arturo “N”, fue detenido inicialmente por presunto abuso de autoridad, pero liberado tras la audiencia.
El 26 de agosto de 2025, en el Reclusorio Oriente, un juez de control vinculó a proceso a Julio César “N” por homicidio calificado, determinando que no se acreditó legítima defensa, ya que el disparo fue por la espalda y la víctima no portaba arma de fuego. Se fijaron tres meses para la investigación complementaria, incluyendo pruebas balísticas y reconstrucción de hechos. Sin embargo, el juez impuso prisión domiciliaria en lugar de preventiva, bajo vigilancia de la Guardia Nacional en su hogar en el Estado de México, para evitar fuga. La pena potencial, si se condena, oscila entre 4 y 8 años de prisión.