El periódico Vanguardia, con sede en Saltillo, enfrenta una severa crisis debido a un presunto acoso judicial que amenaza su viabilidad operativa y la libertad de expresión en México. Según denuncias del propio medio, el caso se origina en una demanda mercantil por un supuesto adeudo de hace más de 20 años, relacionado con un crédito que nunca se concretó, según la defensa del diario. Este proceso, iniciado en 2008, culminó en un fallo exprés del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Octavo Circuito el 14 de agosto de 2025, que aprobó el embargo de bienes de Vanguardia, lo que compromete su continuidad. El medio señala al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, como el impulsor de esta acción, en represalia por la cobertura crítica que Vanguardia realizó sobre su gestión, incluyendo su detención en España en 2016 por presuntos delitos financieros.
Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Alianza de Medios Mx han condenado el fallo, calificándolo como un precedente regresivo para la libertad de prensa. La SIP destaca que el caso refleja un patrón de uso del sistema judicial para intimidar y censurar medios críticos, mientras que la abogada Brenda de la Peña ha denunciado irregularidades procesales, como la resolución en solo 72 horas de un expediente de más de 2,000 páginas. Vanguardia, respaldado por Propuesta Cívica e Iniciativa Sinaloa, insiste en que el proceso carece de fundamentos legales, con documentos insuficientes para acreditar la deuda.
La Alianza de Medios Mx ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar el caso, argumentando que no se trata de un litigio mercantil aislado, sino de un ataque directo a la libertad de expresión. El desenlace del juicio de amparo, aún pendiente, será crucial para determinar si se protege el periodismo crítico en Coahuila o se consolida un precedente de censura judicial.