Sabía usted que un médico general tiene formación para diagnosticar y tratar enfermedades comunes, enfocándose en atención primaria. Sin embargo, un médico forense está especializado en medicina legal, realiza autopsias, analiza causas de muerte y emite dictámenes para investigaciones judiciales.
El caso de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, asesinada tras ser secuestrada el 18 de julio de 2025 en Álamo Temapache, Veracruz, ha generado controversia debido a la participación de José Eduardo Márquez Nava, presentado inicialmente por la gobernadora Rocío Nahle como médico legista o forense. Márquez afirmó en conferencia de prensa que Hernández murió de un infarto provocado por múltiples lesiones sufridas durante su secuestro, según los resultados de una necropsia. Sin embargo, investigaciones periodísticas, como las de Milenio y Latinus, revelaron que Márquez no está registrado como médico forense ni tiene especialización en medicina legal, sólo cuenta con una cédula de médico general emitida en 2018 por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es decir, Rocío Nahle ocupó a un “simiforense” para justificar sus dichos y para acabarla de amolar llamó “miserables” a los que dieron su opinión sobre su falta de sensibilidad.
El “simiforense” sólo fue certificar el fallecimiento en el lugar de los hechos, no a realizar la necropsia, que fue llevada a cabo por un médico forense de la Fiscalía General del Estado. La presentación de Márquez como perito y las declaraciones de Nahle, que insistieron en el infarto como causa de muerte, han sido criticadas por organizaciones feministas y activistas, quienes señalan una posible minimización del feminicidio y exigen transparencia en el caso. Es muy de miserables hacer pasar a un médico general sólo para justificar una muerte por infarto.