Durante el periodo de estas compras, Márquez trabajó como asesor legislativo y abogado en la Asamblea Legislativa y la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de México, cargos con ingresos estimados entre 25,000 y 100,000 pesos mensuales, insuficientes para justificar dichas adquisiciones. El funcionario, encargado de combatir delitos como el huachicol fiscal, ha sido señalado previamente por presuntos actos de corrupción y vínculos con el tráfico de combustible, según denuncias de empleados de la ANAM y reportes periodísticos.
La colección de Márquez supera en valor a la declarada por figuras como Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Carlos Romero Deschamps, exlíder sindical. A pesar de los señalamientos, la ANAM no ha emitido una postura oficial, y no se ha anunciado una investigación formal sobre el origen de su patrimonio. Este caso pone en tela de juicio los mecanismos de control patrimonial y la transparencia en la administración pública mexicana.