La administración del exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez enfrenta señalamientos por un presunto daño patrimonial que supera los 83 millones de pesos durante su último año de gestión, según reportes del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Entre las principales anomalías reportadas se encuentran la falta de comprobación de gastos, obras públicas pagadas pero no ejecutadas y contratos otorgados sin procesos administrativos adecuados, incluyendo adjudicaciones directas a empresas de reciente creación y posibles empresas fantasma. En particular, la Secretaría de Salud del estado, bajo la gestión de Roberto Ramos Alor, ha sido señalada por un desfalco de aproximadamente 1,600 millones de pesos, con contratos irregulares relacionados con servicios de limpieza, fletes, comida y subrogación de equipo médico.
La ASF ha solicitado la apertura de 24 investigaciones para esclarecer los hechos. Además, el ORFIS ha presentado 110 denuncias contra la administración de García por presuntos daños patrimoniales, aunque algunas investigaciones, especialmente en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, aún están en proceso de integración. Por otro lado, durante su gestión, García afirmó haber saneado las finanzas estatales, reduciendo la deuda pública en un 25% (de 87,000 a 65,000 millones de pesos) y destinando recursos a obras y programas sociales.
Sin embargo, críticos como el diputado local Héctor Yunes Landa han cuestionado su gestión, acusándolo de desvíos millonarios, algunos presuntamente destinados a campañas electorales, y comparando las irregularidades con las del exgobernador Javier Duarte. Las investigaciones en curso podrían derivar en responsabilidades penales para García y sus colaboradores, dependiendo de los resultados de las auditorías y las denuncias presentadas. Sin embargo, si la presidenta Sheinbaum decide protegerlo, pues no le pasará nada.