Juan David Castilla / Xalapa, Ver. La reciente incorporación de personal con antecedentes cuestionables a la Universidad Pedagógica Veracruzana refleja la continuidad de prácticas injustas y discriminatorias en el ámbito público de Veracruz, denunciaron de manera anónima algunos afectados.
Se señala la inclusión en el equipo de trabajo de funcionarios señalados por actos de discriminación y plagio, lo que pone en evidencia la falta de ética y el abuso de poder en las instituciones estatales.
En 2019, Héctor Amezcua Cardiel, entonces director del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA), despidió injustificadamente a Guadalupe Tzopitl, una mujer indígena de la comunidad de Zongolica y jefa del departamento de Educación Indígena en el IVEA.
El despido fue argumentado bajo el prejuicio de que, por su origen indígena, Tzopitl no podría entender el funcionamiento administrativo del IVEA; sin embargo, según denuncias de los trabajadores, la verdadera causa fue un conflicto generado por la Subdirectora de Servicios Educativos, Sandra Ortiz Martínez, quien acusaba a Tzopitl de no “respetar las jerarquías” y no tener el perfil adecuado para el puesto.
Lo anterior a pesar de que Tzopitl contaba con una maestría en Investigación Educativa. Sandra Ortiz Martínez, quien ingresó al IVEA en circunstancias controvertidas y fue señalada por nepotismo, también forma parte de la nueva administración de la Universidad Pedagógica Veracruzana.
En su equipo se encuentra Uriel Domínguez Lerma, un funcionario vinculado a prácticas de plagio que afectan a comunidades vulnerables, como las personas con discapacidad.
Domínguez Lerma fue responsable de una investigación educativa en 2023 sobre procesos educativos para comunidades sordas, la cual fue presentada por el IVEA al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Sin embargo, a lo largo del proyecto, Domínguez Lerma presentó avances como propios, aprovechándose del trabajo de investigadores sordos y creando un ambiente laboral complicado mediante comentarios ofensivos y amenazas.
A pesar de que él no fue autor de la investigación, en la publicación final titulada “Propuesta Educativa para Adultos Sordos en Condición de Rezago Educativo: Formación de los Agentes”, Domínguez Lerma figura como uno de los principales colaboradores.
Las denuncias de los extrabajadores son claras: se ha aprovechado de las vulnerabilidades de las personas con discapacidad y los investigadores fueron objeto de acoso y amenazas. Muchos de ellos terminaron despedidos o renunciaron debido al maltrato recibido.
Ante estos hechos, los extrabajadores exigieron una investigación profunda sobre las acciones de los funcionarios mencionados y pidieron a la gobernadora Rocío Nahle que tome cartas en el asunto, con el fin de garantizar la justicia y el respeto hacia las comunidades más vulnerables.
«La discriminación y el plagio no deben tener cabida en las instituciones públicas y deben ser investigados de manera exhaustiva para evitar que se sigan repitiendo estos actos injustos», increparon.