Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Algo no está funcionando muy bien en las líneas de comunicación que deberían tener la dirigente nacional de Morena, Luisa maría Alcalde Luján, y su representante en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta. *** Cuestionada sore la posibilidad de sumar a miembros de la familia Yunes (la de El Estero) a Morena para los comicios municipales del 2025, la exsecretaria de Gobernación, la ahijada consentida de Andrés Manuel López Obrador, hoy al frente del Comité Nacional de Morena, afirmó, sin titubeo alguno: “Conocemos el antecedente, todos sabemos que son personas que han venido sumando a una importante reforma de fondo. Tiene que ver con la democratización del poder judicial, era importante que pudiéramos pasar esta reforma (…) No vemos problema hacia adelante (…) eso lo va a determinar el pueblo de Veracruz”. *** Esto lo declaró la noche del martes, cuando en conferencia de prensa anunció los acuerdos alcanzados entre las dirigencias nacionales de Morena, PT y Verde respecto a las elecciones municipales del próximo año, en los estados de Durango y Veracruz. *** Ahí estuvieron, por supuesto, las dirigencias estatales de esas organizaciones políticas. Esteban Ramírez Zepeta, sin embargo, llegó a la entidad a contar otra historia. *** Aunque transmitió la decisión de recurrir “al consenso y la encuesta” para la definición de las candidaturas, insistió en la frase que le dejó sembrada la gobernadora Rocío Nahle y escribió en sus redes sociales: “en Veracruz sigue vigente el derecho de admisión para todos aquellos que pretenden sumarse al movimiento”, aunque horas más tarde lo eliminó. *** Lo cierto es que se trata de un conflicto que no quieren atender en este momento, sino hasta que sea estrictamente necesario: la negativa de Rocío Nahle (la cabeza de Morena en Veracruz) de cobijar a los Yunes en el proceso electoral del próximo año, contra los compromisos que hizo el representante de López Obrador en el actual gobierno, Adán Augusto López. *** No es un tema menor, pues las huestes vestidas de guinda en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río están en pie de lucha y -alentados por la gobernadora- se niegan a admitir en sus filas a “los yunistas”. *** Hará falta alguien con mano firme y que sepa “tejer fino” para resolver ese enredo.
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El amparo conseguido por el exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler contra la prórroga de dos meses de investigación complementaria en el proceso penal 47/2022, en el que se le señala como probable responsable del delito de tortura, puede convertirse en la gota que derrame el vaso.
Es un tache más para la titular de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, la que ha acumulado críticas por su deficiente defensa de cada caso que le han encargado. Para ella siempre fue más fácil prolongar la prisión de los “enemigos” de Cuitláhuac García mediante la fabricación de múltiples carpetas de investigación, ninguna de las cuales tenía el debido sustento jurídico.
En esta ocasión el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en Veracruz declaró fundado el recurso de queja promovido por Jorge Winckler en contra de la decisión inicial de desechar su demanda de amparo.
El Tribunal ordenó al Juzgado Quinceavo de Distrito admitir a trámite la demanda, tras considerar que no se acreditó de forma manifiesta su improcedencia.
El recurso de queja 243/2024 fue presentado por la defensa del exfiscal, quien reclama la resolución del Juez de Control que otorgó a la Fiscalía una prórroga de dos meses para el cierre de la investigación.
La magistrada ponente María Elena Leguízamo Ferrer explicó que la decisión de desechar la demanda no cumplió con los requisitos legales para determinar la improcedencia de manera clara y definitiva.
El Tribunal Colegiado coincidió en que la ampliación del plazo para la investigación puede alterar el principio de igualdad procesal, al colocar al imputado en desventaja frente al órgano acusador.
Por ello, determinó que el juicio de amparo debe seguir su curso, con el propósito de garantizar el acceso a la justicia y los derechos procesales del quejoso. La resolución, emitida en sesión virtual el pasado 13 de diciembre, fue aprobada por unanimidad.
En julio, Jorge Winckler impugnó la ampliación de dos meses ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito. Sin embargo, su solicitud fue desechada.
En 2023, el exfiscal interpuso un amparo para que le permitieran continuar el proceso en prisión domiciliaria, el cual fue concedido por un Juez federal. No obstante, en el Juzgado Decimoséptimo de Distrito se rechazó tal recurso, pues las autoridades consideraron que “podía evadirse”.
En febrero de este año un juez federal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria, pero ese mismo día fue reaprehendido por la Fiscalía, pues le iniciaron una nueva carpeta de investigación, ahora imputándolo por el delito de tortura, por lo que fue trasladado a Pacho Viejo donde un juez de control le impuso prisión preventiva.
El amparo que consiguió apenas la semana pasada Marcos Even Torres y el ganado ahora por Jorge Winckler, sin “ganchos al hígado” de la fiscal general, que podrían mandarla a la lona hasta la cuenta de diez.
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Epílogo.
Pudiera ser una obviedad, pero el interés de la titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa, de dejar bien claro que quienes aspiren a una plaza del magisterio no deben dar “ni un solo peso”, porque no se está pidiendo dinero a nadie por dicho servicio, suena como un dardo dirigido a quienes ocuparon esa dependencia. *** La propia gobernadora Rocío Nahle insiste cada que tiene oportunidad que la educación es una de sus prioridades y colocó al frente de esa oficina a Claudia Tello, merecedora de toda su confianza. *** No tendrán que rascar mucho para encontrar la pudredumbre que se acumuló en los últimos seis años. Si de verdad quieren corregir el rumbo, será menester cortar de tajo esos focos de corrupción.
