Edgar Hernández* / Con acciones de poder al atajar a la policía corrupta y sus cómplices, el gobierno se legitima y devuelve la confianza a la ciudadanía.
Sin embargo, después del manotazo, que desde este espacio y otros más se urgieron, es necesario llamar a cuentas a los responsables para que sean llevados a prisión.
Los responsables y no la ciudadanía deberían ser los huéspedes de Pacho no sin antes darles una sopa de su propio chocolate en San José, cuartel policial que guarda innumerables atrocidades contra ciudadanos inocentes.
Fue la estación de la corrupción a donde fueron a parar millares de automovilistas y transportistas extorsionados una y mil veces por esa mafia de la SSP aliada con la criminalidad.
Es ahí donde desde donde se gestaron los negocios del exsecretario de Gobierno Eric Cisneros y el de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
Ambos huyeron forrados de millones de pesos cargando además cruces del camposanto.
Por multas y arrastre ilegales se embolsaron millones que, al moreno de piel, le sirvió para construir un millonario fraccionamiento residencial en Coatepec y al segundo una mansión de privilegio en Boca del Río.
Y en esto de atajar al Cartel de las Grúas, cuya destrucción se inicia al arranque del nuevo gobierno, el libro de las tragedias queda para el anecdotario de la vergüenza.
Hay testimonios documentados en donde están plasmadas denuncias de arrastre de vehículos, camionetas y trasportes de carga levantados e infraccionados a metros de los corralones con costos de 6 a 17 mil pesos, según el cliente a quien antes preguntaban si tenía recomendación alguna del atarantado o su equipo.
Hoy, para fortuna de los más queda para la historia esa vergonzosa página del gobierno corrupto de Morena.
Salvo, desde luego, la resolución de pendientes, con merecimiento de cárcel, de personajes funestos como Ulises Rodríguez Landa, exjefe de jefe de la Unidad Administrativa de la SSP y lacayo del diputado Federal Eleazar Guerrero, exsubsecretario de Finanzas y primo del atarantado.
Pendiente además la aplicación de la justicia contra sus operadores y las legiones de insolente grueros.
Este “negocio”, en operación desde 2021, movió más de 320 millones de pesos de acuerdo a información proporcionada por la SSP y cálculos en costos reales.
Eso fue lo que paró en seco tan acertada decisión de gobierno.
Bien se dice que a cada santito se le llega su fiestecista al ordenar al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes Garcés, instruir a sus mandos, al director de Tránsito Andrés Delgado y al Subsecretario de operaciones de la SSP, poner un hasta aquí al servicio de Grúas que operaban impunemente en contubernio con policías y políticos.
Este servicio sólo será usado de ahora en adelante en casos necesarios como siniestros, accidentes, el aseguramiento de objetos ante un hecho delictivo o por la comisión de un delito.
De ahora en adelante Tránsito y Policías Viales sólo solicitarán el servicio de grúas o la participación de un familiar cuando el conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia prohibida.
Encomiable pues, el llamado de Nahle a los servidores públicos para que se conduzcan en total apego a los principios constitucionales de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
Desde luego que no todo será miel sobre hojuelas.
Va a estar cabrón que los polis y los de tránsito corruptos acaten la instrucción ya que de eso viven.
Sin embargo, confiemos.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
