Aurelio Contreras Moreno / Este fin de semana se difundió una medida tomada por el gobierno de Veracruz que, si bien es positiva de entrada, parece más bien el adelanto de una escalada de ajustes de cuentas internas en el grupo gobernante.
El pasado 5 de diciembre, el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, Alfonso Reyes Garcés, ordenó restringir el uso de grúas de empresas privadas para tareas viales, lo que en los últimos años se ha había convertido no solamente en un jugoso negociazo, sino en una mafia en la que los ciudadanos sufrían una suerte de extorsión al más puro estilo del crimen organizado.
De acuerdo con el oficio SSP/SP/DIC/011/2024, enviado al subsecretario de Operaciones de Seguridad Pública y al director general de Tránsito y Seguridad Vial, el servicio de grúas será usado en adelante únicamente en “casos que sean necesarios con motivo de un siniestro, accidente de tránsito, en el aseguramiento de objetos ante un hecho delictivo o que sea utilizado en la comisión de un delito, o bien cuando el conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia prohibida (narcóticos) y no se encuentre presente persona alguna de su confianza que pueda hacerse cargo del mismo”.
De igual manera, el funcionario instruye a sus subalternos que para usar el servicio de grúas privadas deberán coordinarse con el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) para que solamente se utilicen empresas de servicios de transporte de grúas concesionadas.
Lo que debería haber sido un muy simple y hasta normal ordenamiento de un servicio público y del apoyo que para el mismo pueden ofrecer entes privados, fue en realidad el primer golpe real de la administración de Rocío Nahle contra la de su antecesor, el impresentable –y todavía sin el hueso prometido por Claudia Sheinbaum- Cuitláhuac García, quien permitió que los automovilistas fueran rehenes durante todo su sexenio de la mafia de las grúas, que llegaban a cobrar varios miles pesos por un arrastre, como fue evidenciado muchas veces por los medios de comunicación en distintos puntos del estado.
Siempre fue más que un secreto a voces que quien realmente estaba detrás de ese negocio –y que recibió millonarios recursos por esa vía- era el alguna vez muy poderoso exsecretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, hoy caído en desgracia política por haberse creído que las podía solo y que tenía con qué ser gobernador de Veracruz.
Cisneros llegó hace seis años como personero de la propia Rocío Nahle al gobierno de Veracruz y desde entonces, fue quien verdaderamente gobernó la entidad, reduciendo a Cuitláhuac García a un penoso papel de “florero”, incapaz de hacer valer la investidura. Quizás por eso prefirió dedicarse a bailar, a chapear camellones y a entregarse a la “vida loca”.
Acumuló Eric Cisneros tal cantidad de poder, que pensó que tenía alguna posibilidad de disputar una candidatura que estaba decidida desde el principio del anterior sexenio por quien manda en Morena –porque ahí solo cuenta el voto de ese “dedito”-. Y se atrevió a hacerle una guerra intestina a Nahle usando recursos
del propio gobierno. Algo que ahora están empezando a cobrarle. Por principio de cuentas, echando abajo un negocio en el que se sabe están involucrados otros personajes de esferas no precisamente legales que muy probablemente reclamen la pérdida de su “inversión”.
Y en cuanto se concrete la inevitable salida de Verónica Hernández Giadáns de la Fiscalía General del Estado, comenzará la verdadera cacería.
Primer asesinato político del sexenio
Tras sufrir un atentado a balazos, la noche de este lunes 9 de diciembre falleció el diputado federal por el distrito de Zongolica y alcalde con licencia de ese municipio indígena Benito Aguas Atlahua, quien no sobrevivió a los impactos que recibió en el tórax y la cabeza.
A la semana de haber entrado en funciones, se registra el primer asesinato político del sexenio de Rocío Nahle. Mal augurio.
