El Cártel del Golfo (CDG), conocido históricamente por el tráfico de drogas, ha evolucionado en una red multifacética que se enriquece mediante extorsiones, saqueos ecológicos y control sobre rutas migratorias. Este grupo delictivo, con raíces en Tamaulipas, enfrenta su fragmentación interna con estrategias que convierten a cada rincón de la frontera en una fuente de ingresos. En municipios como Valle Hermoso, las extorsiones ya no se limitan a comerciantes. Con el llamado “impuesto de sombra”, familias locales pagan una cuota por cada árbol en sus hogares para evitar represalias violentas. En paralelo, importadores en cruces fronterizos enfrentan tarifas exorbitantes impuestas por el cártel, que les cobra hasta 20,000 pesos dependiendo del tipo de mercancía transportada.
Este sistema de cobros ilegales convierte la región fronteriza en un laberinto de costos para quienes dependen del comercio binacional. El CDG ha encontrado en la pesca ilegal una mina de oro. Desde playas tamaulipecas, operan redes que saquean recursos marinos, afectando tanto al ecosistema como a la economía local. En tierra, manejan el tráfico de migrantes como si fueran mercancías, exigiendo pagos a quienes intentan cruzar hacia Estados Unidos bajo la promesa de un paso “seguro“.
El impacto de estas actividades trasciende las comunidades inmediatas. El comercio internacional resiente los costos de extorsión, mientras que la biodiversidad marina sufre por prácticas destructivas. Además, la violencia y la impunidad que permiten estas operaciones siembran el miedo en las localidades afectadas. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el CDG sigue adaptándose. Su capacidad de diversificación es una amenaza constante, y su poder demuestra que la lucha contra el crimen organizado requiere tanto estrategias innovadoras como instituciones fortalecidas.