La Legislatura del Estado de México encendió el debate público con una propuesta que pretende penalizar hasta con nueve años de prisión a quienes alteren el ciclo hidrológico de la región. Esta iniciativa, presentada por el diputado Carlos Alberto López Imm, busca garantizar que las lluvias y las nubes sigan cumpliendo su función natural en beneficio de los ecosistemas y la agricultura. La medida apunta principalmente a prácticas como el uso de cañones antigranizo y el bombardeo de nubes, tecnologías que algunos sectores industriales han utilizado para manipular las condiciones climáticas.
Aunque sus efectos son polémicos y su eficacia está en entredicho, su impacto negativo en las zonas agrícolas es incuestionable para muchos. Además de la cárcel, se contemplan multas económicas y nuevas obligaciones para dependencias estatales. La Secretaría de Medio Ambiente y la del Agua tendrán que vigilar los cielos, limitando el uso de drones y aeronaves no comerciales cerca de áreas de recarga de acuíferos y reservas naturales.
Esta propuesta se suma a un contexto donde la sostenibilidad hídrica es prioridad. Con un fideicomiso destinado a infraestructura de captación de agua pluvial en camino, el Estado de México busca liderar una nueva era de conciencia ambiental, pero no sin enfrentar críticas por el alcance y rigor de estas medidas.