Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
La noticia se divulgó la semana pasada: tablajeros de la frontera sur de México denunciaron el ingreso ilegal de carne de Guatemala y exigieron a las autoridades poner un cerco sanitario para evitar la entrada del producto “de dudosa procedencia”. *** Jorge Ortiz Arévalo, representante legal de la empresa que opera el Rastro Regional de Tapachula, aseguró que han detectado el ingreso de cabezas de res, vísceras y carne en posta (guisada) que se introduce de Guatemala a Tapachula. *** El empresario advirtió que en Guatemala no existe un control equiparable al de México en materia de sanidad animal, por lo que existe un grave riesgo de que se transmitan enfermedades para el ganado bovino. *** “No solo (nosotros) lo hemos detectado, hasta las autoridades federales han declarado que entra mucho ganado de Guatemala”, aseguró y recordó que antes había una campaña impulsada desde Estados Unidos para verificar los rastros y el tipo de ganado que mataban, pero desde hace más de cuatro años desapareció ese control en la frontera de México con Guatemala. *** La noticia se da justo cuando los organismos responsables de la sanidad animal han encendido las luces de alerta por un rebrote en América del gusano barrenador del ganado y los estados del sureste de México -incluido Veracruz- han sido señalados por sus deficiencias en el control sanitario y de movilización del ganado. *** De ahí que resulte tan delicado el tráfico ilegal de ganado en el sur de la entidad y la colocación de aretes irregulares, como lo hacía (o sigue haciendo) el presidente de la Unión Ganadera de Isla, Ramón Martínez Tress, en contubernio con el subsecretario estatal de Ganadería, Humberto Amador Zaragoza. *** Gruesos expedientes sobre estos casos ya están en poder de la próxima gobernadora.
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Es natural que en la víspera de un cambio de gobierno se conceda al nuevo titular “el privilegio de la duda”. Algo deben haber visto los votantes para darle su confianza y la prudencia sugiere que esperemos hasta empezar a ver los resultados de su proyecto de estado.
Esa es nuestra tarea y en eso estamos enfocados.
Sin embargo, no deja de generarnos justificada preocupación la selección de su equipo de colaboradores. Ha incorporado a personajes que a su paso por el servicio público dejaron antecedentes negativos, ha designado a personas sin el perfil adecuado para las tareas que les serán inherentes y -quizá lo más grave- ha pasado por alto lo que dispone la Constitución local sobre los altos funcionarios que trabajarán a su lado.
Para nadie es un secreto (se difundió de manera profusa durante la campaña) que Rocío Nahle no es nacida en Veracruz y que el gobierno de Cuitláhuac García hizo lo necesario para que ese detalle no se convirtiera en un factor de inelegibilidad.
Polémica o no, Rocío Nahle se atribuyó una prolongada residencia en el sur de la entidad, como argumento para hacer válida su candidatura y, por consecuencia, su cargo de gobernadora de Veracruz.
Su caso, sin embargo, no exime a su equipo de colaboradores.
El artículo 50 de la Constitución de Veracruz señala en su tercer párrafo: “Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública deberán ser veracruzanas o veracruzanos, y contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y cumplir con los demás requisitos que establezca la ley”.
Rocío Nahle no es, por supuesto, la primera titular del gobierno estatal que recurre a personas no nacidas en territorio veracruzano para ocupar los más alto niveles del gabinete. Para no ir muy lejos, Cuitláhuac García ha tenido a dos secretarios de Seguridad Pública, el primero (Hugo Gutiérrez Maldonado) oriundo de Nuevo León, y el segundo (Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla) originario de la Ciudad de México.
En estos, como en muchos otros casos, la falta se corrige con un mecanismo legislativo que se conoce como “dispensa”. El artículo 33 de la Constitución local, que se refiere a las atribuciones del Congreso del Estado, incluye en su fracción XXXVI: “conceder dispensas de ley por causas justificadas o por razones de utilidad pública”.
Lo de las “causas justificadas” y las “razones de utilidad pública”, con seguridad podrá salvarlo la próxima gobernadora, que cuenta con al menos 41 de 50 votos en la Legislatura local.
Leonardo Cornejo Serrano, a quien la gobernadora presentó ya como su próximo secretario de Infraestructura y Obras Públicas, es nacido en Salvatierra, Guanajuato y no cumple con el requisito alterno para ser veracruzano: tener una residencia efectiva de 5 años en territorio veracruzano.
Ángel Carrizales López, a quien Rocío Nahle presentó como su próximo procurador estatal del Medio Ambiente, es originario de Tamaulipas y tiene como principal mérito que trabajó al lado de Andrés Manuel López Obrador, primero en la dirigencia nacional de Morena (2015-2018) y luego desde la ayudantía presidencial, hasta el 2019.
Tras fallar en su intento por acomodarlo en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y en el Consejo de Administración de Pemex, (en todos esos casos fue rechazado en el Senado “por no cumplir con el perfil”) finalmente el presidente lo designó Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Y está el caso de la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, señalada de crear una red dedicada a la extorsión de las tiendas que funcionan en los planteles escolares y de negociar movimientos de personal. La gobernadora electa tiene en su poder esos expedientes y, a pesar de ello, decidió sostenerla en su cargo.
O el caso del próximo titular del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda), José Manuel Pozos del Ángel, quien tuvo que renunciar a la Subsecretaría de Planeación, en Sefiplan, como consecuencia del escándalo que generó una denuncia penal en su contra por abusos de carácter sexual.
Es cierto: a la próxima gobernadora habrá que darle “el privilegio de la duda”, pero las señales que está mandando, no son muy alentadoras.
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Epílogo.
De la jueza Nancy Juárez Salas, titular del Juzgado XIX de Distrito con sede en Coatzacoalcos, se podrán decir muchas cosas, con seguridad muchas de ellas falsas. Nada de eso, sin embargo, justificará que la presidente de México, Claudia Sheinbaum, incurra en desacato a una suspensión definitiva decretada por la juzgadora. *** Como solía hacerlo su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, ahora Claudia Sheinbaum utiliza los medios del gobierno para atacar a una jueza que “se atrevió” a ordenarle que detuviera la reforma al Poder Judicial. *** La actitud retadora de Claudia Sheinbaum está llevando al país a una crisis constitucional, que tendrá severas consecuencias para todos los mexicanos.