Irineo Domínguez Méndez / En un corto periodo de tiempo se han suscitado eventos donde la Guardia Civil se ha visto involucrada en actos reprobables; entre ellos, el desalojo de inconformes por la construcción de un Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Xalapa; otro bastante más grave aconteció en la comunidad de Totalco, municipio de Perote y la última en la cual dos jóvenes resultaron heridos al ser baleados. Dichas acciones pudieran representar malas señales de lo que puede heredar la próxima administración ejecutiva; ¿deben interpretarse como ejemplos de lo que se avecina en la próxima administración?
Violentar los derechos humanos con represiones que atentan a la garantía constitucional que brinda el Artículo 8º de nuestra Carta Magna: el derecho de manifestación, es mostrar – desde ahora – nulo respeto al estado de derecho ¿Qué provocó el uso de la fuerza pública? Nada justifica, hasta ahora, la violación del derecho citado.
La represión la repudiamos todos. La libertad de manifestación no debe ser restringida por el “garrote” ni mucho menos “por las balas”. Si es verdad lo que Amloco ha pregonado durante todo su gobierno: “abrazos no balazos”, entonces, alguien se pasa por el arco del triunfo tal principio. Si bien es cierto que el Presidente ha señado el hecho de Totalco como abuso de autoridad, también lo es que se apuesta al olvido.
La sociedad está exacerbada por varias razones; pudiendo citarse: la extrema sequía que padecimos; la falta de agua y la inflación que ambas circunstancias provocan. Siendo poca el agua es deber de todos cuidarla; dicho cuidado incluye evitar la contaminación de mantos friáticos y la deforestación. La primera acción necesita la intervención directa de quienes gobiernan; eso solicitaron, hasta donde se sabe, los manifestantes de Totalco.
Cuando el gobierno es omiso la ciudadanía hace uso del derecho de manifestación para señalar irregularidades que la afectan de manera generalizada. Atender peticiones y resolverlas es una tarea que califica el nivel de gobernanza. En el primer caso citado, aunque tardíamente, el Alcalde informó la cancelación de la construcción del SEMEFO; en el segundo, se ha dado a conocer la detención de presuntos responsables y resultando una falacia el cierre de alguna granja porcina. La empresa Granjas Carrol siempre ha sido acusada de explotación excesiva de mantos acuíferos y de contaminarlos. ¿Quién y por cuánto tiempo otorgó la concesión y la cantidad de agua que pueden utilizar?
El beneficio recibido en las comunidades de Perote, Jalacingo y Altotonga, donde se han instalado muchísimas granjas porcinas, es mínimo en comparación con el daño causado. Es predecible el surgimiento de enfermedades crónicas que pueden sufrir los habitantes de esos dos municipios, incluyendo a Atzalan, Tlapacoyan y Martínez de la Torre, por ser municipios que aprovechan los mismos mantos acuíferos.
Por último, resulta urgente revisar y modificar “el protocolo” que permite disparar contra ciudadanos; incluyendo el cumplimiento del Artículo 16 Constitucional: “que el acto de molestia esté mandatado de forma escrita emitida por autoridad competente”; así, se evitarían abusos de poder.
Reprimir a la población es acrecentar la percepción de ingobernabilidad. Es muy mala señal que, a la víspera de la sucesión, se hereden problemas. El responsable de la gobernabilidad interna en el Estado está incluido en el asunto; mismo que podría ser designado por el congreso local como gobernador interino si el actual se incorpora al gabinete federal desde el 1º de octubre próximo.
Otro sí digo. – La libertad de expresión es más aceptada cuando, siendo crítica, es constructiva; para ello, es necesario objetividad y carencia de apasionamientos (es mi opinión).