Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Apenas la semana pasada se presentó en este mismo espacio una relación (incompleta por las limitaciones de espacio) se los jueces que han sido promovidos en el Poder Judicial del Estado (PJE) a pesar de que carecen se capacidad y experiencia para desarrollar tan alta responsabilidad. *** Bajo el manto protector de David Cardeña Ortega, secretario particular y la persona de mayor cercanía de la magistrada presidente Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, otros de los que han sido beneficiados han sido Victoria del Pilar Bonilla Salazar, en Tuxpan; Yuridia Zoraya López Gaspar, Ana Xitlalic García Espinoza, José Francisco Grajales Morales y Evelyn Palmeros Ávila en Veracruz. *** Liliana Hernández García, Felipe López Aburto, Liliana Robles García, Eric Antonio Hernández Méndez, Antonio Zatur Ahumada, Roberto Santos Maldonado, Eduardo Martínez López y María Candelaria Goxcon Alejo, en Xalapa. *** Andrea García Tlaxcalteco, en Zongolica, así como Adriana Muñoz Diaz en los juzgados en línea. *** Con este equipo de “incondicionales” y con la complicidad de magistrados que buscan “escalar” hasta ocupar el cargo que hoy ostenta Jiménez Aguirre, desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia se hacen jugosos negocios con la administración de justicia. *** Todo esto está documentado y en poder de quienes toman ya las decisiones políticas en Veracruz. *** Muy pronto se verán las consecuencias.
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La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nahle, ha dejado muy claro a su equipo de colaboradores que no habrá de cargar con “lastres” de administraciones anteriores, por lo que ha puesto especial interés en el proceso de entrega-recepción de cada una de las áreas del gobierno estatal.
Contrario a lo que algunos suponen, Rocío Nahle no llega al gobierno estatal con los ojos vendados. Tiene expedientes de cada servidor público, documentos que se fueron acumulando conforme se consolidaba su proyecto de llegar a la gubernatura de Veracruz.
A estas alturas Rocío Nahle sabe vida y milagros de cada uno de los miembros del gabinete de Cuitláhuac García, pero no sólo de los titulares, sino de los puestos de mayor relevancia… y de los personajes más cercanos a ellos, esto es, de sus “operadores”.
Ese es el caso de la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar quien -según los expedientes que le han hecho llegar a la gobernadora electa- realiza jugosos negocios, todos ilícitos, desde su posición en el gobierno estatal.
Para el proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) se le ha recomendado a Rocío Nahle que ponga especial atención en temas que pudieran ser motivo de investigaciones de carácter penal.
Entre estos, llaman la atención sobre “ingresos no reportados” cuyo origen sería la explotación de las concesiones para la operación de cafeterías y tiendas en los planteles escolares.
En el expediente turnado a la gobernadora se hace un recuento de las numerosas quejas de las escuelas “por la forma de asignar las concesiones” de esos establecimientos y la ausencia de beneficios para los planteles en materia de mantenimiento.
“Los pagos (para la asignación de esas concesiones) oscilan entre los 5 mil y 80 mil pesos, dependiendo del tamaño del plantel y del número de estudiantes. Wulfrano Rodríguez Oceguera (secretario particular de la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar) es el responsable de asignar los permisos de las tiendas escolares”, se puede leer en el informe enviado a Rocío Nahle.
“Esta práctica -agrega el documento- se presenta en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Tecnológicos. Hay 22 mil 840 planteles y se utilizan “licitaciones de concesión”, pero no se reportan a la Secretaría de Finanzas (Sefiplan) esos ingresos”.
Las concesiones de primaria y secundaria arrojan ganancias hasta de 4 mil pesos al día. Se presume que hay pagos “iniciales por permiso”, que recaudan las Subsecretarías de los distintos niveles educativos. Las “rentas mensuales” son recaudadas por la Oficialía Mayor y sus montos son de acuerdo al tamaño de la escuela y al número de alumnos.
En el caso de las tiendas y cafeterías, se les sugiere a los encargados del relevo solicitar la cuenta bancaria en la que se hacen los depósitos de las rentas que pagan las tienda y cafeterías, junto con los estados de cuenta al menos de los últimos 12 meses.
Plantean, además, programar visitas a escuelas de distintos niveles educativos para hablar con los responsables de esas tiendas. Realizar también entrevistas con servidores públicos involucrados en este asunto y solicitar un listado de las escuelas que han presentado quejas por el incumplimiento en la asignación de recursos para mejoramiento de los planteles.
Pero las cafeterías no son el único negocio en la Subsecretaría de Educación Básica. En el expediente se llama la atención, también, sobre los acuerdos para realizar cambios de adscripción del personal.
“Maricruz Vidal González, de la Subsecretaría de Educación Básica, visita mensualmente las oficinas de cada nivel educativo con una lista de al menos 20 maestros y el sitio de su nueva adscripción. La entrega del dinero (que cobran por cada cambio) es con Wulfrano Rodríguez Oceguera”.
El informe explica que esa práctica (la venta de cambios de adscripción) se realiza con el apoyo de los jefes de trámite de cada nivel educativo y con conocimiento de la Oficialía Mayor.
Esa es la razón de que existan centros escolares sin maestros y centros escolares saturados de maestros. Todo esto forma parte de “cadenas” que se crean para acercar al profesor a su lugar de origen. Los solicitantes deben estar al menos dos años en su lugar de trabajo y los cambios depende de las jubilaciones y las plazas abiertas.
“El cobro por estos acercamientos oscila entre los 50 mil y los 100 mil pesos”.
Hay otros rubros, otras “áreas de oportunidad” que los más altos funcionarios del sector educativo han aprovechado y que relataré en próximas entregas.
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Epílogo.
A la actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández, la van a remover de su cargo (en estricto sentido “le van a aceptar la renuncia”) por dos pecados indiscutibles: su evidente cercanía (a él le debe el cargo) con Éric Cisneros, quizá el veracruzano más repudiado por la gobernadora electa, y por sus evidentes limitaciones en materia de derecho penal, que la han hecho fracasar en asuntos que le recomendaron como “especiales”. *** Este fin de semana el abogado Tomás Mundo Arriasa volvió a exhibir las limitaciones de la Fiscalía de Veracruz: “Todo se centra en la integración deficiente de la Fiscalía de acuerdo con dictámenes de servicios periciales. ¿Por qué deficiente? El valor probatorio de las pruebas proyectivas es casi nulo, no sirve, ¿y así pretenden darles justicia a las víctimas? *** “Me explico: en el caso Bernardo Bellizzia Guzmán: con pruebas proyectivas, pruebas que no prueban absolutamente nada, una psicóloga clínica determina su peritaje, carente de muchas cosas científicas. ¿Qué vamos a hacer como asesores de la víctima? Haremos un meta-peritaje. ¿Por qué? Es muy sencillo: acreditar el daño psicológico no es con una psicóloga clínica, que fue la que emitió el dictamen; en este caso, se necesita un psicólogo forense. El perito que nos hará el meta-peritaje, en el que se exhibirán las carencias científicas del peritaje oficial dentro de la carpeta de investigación”. *** Por eso los altos niveles de impunidad en la entidad.
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