Inmediatamente después, los agentes lo arrestaron, confiscándole el dinero y el teléfono móvil que utilizaba para las amenazas. Este incidente subraya la vigencia de la Ley Olimpia, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta ley reconoce y sanciona las agresiones digitales, protegiendo así la privacidad e intimidad de las personas. Las sanciones por violar la Ley Olimpia incluyen penas de tres a seis años de prisión y multas de hasta 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En este caso, la Ley Olimpia se aplica al castigar la amenaza de difundir imágenes íntimas sin consentimiento, asegurando que el extorsionador enfrente las consecuencias legales por sus acciones.