Después de Alberto Sosa Hernández el Tribunal Superior de Justicia no ha tenido a una persona digna en la silla de la Presidencia. Después de él llegaron otros personajes improvisados, recomendados, colocados para conseguir los fines de quienes los colocaron. En el sexenio de Cuitláhuac García la presidencia del Tribunal Superior de Justicia ha pasado de la pena a la vergüenza. Los emisarios de la 4T, Éric Cisneros, Bola 8 y Juan Javier Gómez Cazarín operaron para colocar en diciembre de 2019 a Sofía Martínez Huerta, quien sólo meses atrás había sido nombrada magistrada por el Congreso. Con el tiempo la señora fue corrida como las chachás, amenazada, insultada por Éric Cisneros Burgos.
Después, los mismos sujetos que corrieron a Sofía, colocaron en la “silla maldita” a doña Isabel Inés Romero, quien en pleno abuso del poder corrió a la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, en un acto vil que el tiempo le cobró. Fue la actual presidenta del TSJ, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, quien se ocupó de darle una patada en el trasero. La señora Isabel salió diciendo que no era justo, pues ella misma puso a la chachá que la corría. Ahora, nos enteramos que “los días de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre al frente del Poder Judicial del Estado (PJE) están contados”.
Señala el periodista Filiberto Vargas: “El expediente que han elaborado los colaboradores de la gobernadora electa, Rocío Nahle, advierte sobre el tráfico de influencias y el nepotismo, como dos factores que impactan en los niveles de corrupción e ineficiencia del Tribunal Superior de Justicia. El documento que se hizo llegar a Rocío Nahle destaca el nombramiento de jueces ‘no por su capacidad o méritos, sino por sus conexiones políticas o familiares, lo que compromete su independencia y objetividad’”. ¿Quién se encargará de correr, como la chachá que es, a doña Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre? Y después de esto, ¿quién querrá sentarse en esa “silla maldita”?
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