Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
La famosa “desaparición de la Fuerza Civil” es, hasta ahora, una farsa más del gobierno de Cuitláhuac García. *** Esa corporación policiaca que, en palabras del propio gobernador, “ha cometido numerosos abusos y violaciones a los derechos humanos”, sigue funcionando en la entidad, y los responsables de la muerte de dos pobladores de la comunidad de Totalco, siguen gozando de plena impunidad. *** Este martes, integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Los Libres-Oriental se manifestaron en Xalapa para denunciar lo que ellos califican como “una campaña de denostación” en su contra tras la represión de la que fueron víctimas por parte de la Fuerza Civil en Totalco, Perote, en el que murieron asesinados dos manifestantes, el pasado 20 de junio. *** “Como en el 68, ahora quieren criminalizar a los que encabezamos esta lucha en Totalco. En el 68 responsabilizaron a los estudiantes de la masacre, acusándolos de que habían disparado contra el Ejército, lo que fue una mentira que después con la historia se conoció. Ahora igual nos quieren responsabilizar a los poblanos, a quienes participamos en esta lucha. El responsable del crimen es Cuitláhuac (García), es el gobierno de Veracruz, no nosotros. Que aclaren quién dio la orden (de disparar)”. *** Y dejaron ahí las preguntas: “¿Por qué no arrestan a todos los policías involucrados en la represión? ¿Por qué no presentan a los asesinos de Jorge y Alberto? ¿Cuándo van a hacer justicia? No fue una riña, fue un acto de represión. No fue un enfrentamiento, fue un crimen de Estado, fue una ejecución. No hubo violencia de los pueblos, no hubo violencia de los campesinos; la violencia fue del gobierno, de sus policías asesinos”. *** Los manifestantes reclamaron que la Fuerza Civil siga operando, a pesar de que el gobernador anunció su extinción: “Es una farsa, no han desaparecido nada, sólo desaparecieron el nombre. La Fuerza Civil ahí sigue, yo la he visto, siguen sus patrullas. Sólo es para darles impunidad. Esa fuerza de élite sigue ahí, está cubierta, protegida, sigue la impunidad”. *** ¿Y el gobernador? Callado.
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Se le conoce como “comedia de enredos” o también “comedia de equívocos” o “vodevil”. Es un género de teatro -que también ha sido adaptado al cine- donde el humor se produce por los malos entendidos entre los protagonistas.
Este martes nos topamos con un ejemplo vivió, de la vida real, de una comedia de enredos.
Elementos de la Policía Ministerial (corporación que depende de la Fiscalía General del Estado) dieron cumplimiento a una orden de aprehensión. Capturaron en las inmediaciones del fraccionamiento Las Ánimas de Xalapa a un sujeto al que identifican como “Mauricio Ranulfo N”, señalado de ser un “defraudador serial”.
Alguien, sin embargo, avisó a la policía estatal. En cuestión de minutos la avenida Lázaro Cárdenas se convirtió en un estridente concierto de sirenas. Patrullas pintadas de azul (Secretaría de Seguridad Pública) interceptaron la camioneta en la que los elementos de la Policía Ministerial llevaban al detenido.
Salieron las armas a relucir. El comandante ministerial se identificó y explicó a los uniformados que se trataba del cumplimiento de una orden de aprehensión. Los policías estatales no quisieron atender razones y pretendieron “recuperar” al sujeto detenido que, desde su óptica, era víctima de un “levantón”.
En vista de que ni había acuerdo, los ministeriales aprovecharon las fallas en la formación policiaca y se dieron a la fuga, con lo que se inició una persecución que concluyó en la comunidad Las Trancas, del municipio de Emiliano Zapata, justo en las oficinas de la Policía Ministerial, donde encontraron refugio los elementos de esa corporación.
Hasta ahí llegaron los policías estatales, que seguían reclamando la “entrega” del detenido. Luego de múltiples insultos y amenazas, finalmente llegó “la llamada” que ordenó a los policías estatales que se retiraran del lugar.
Todos los días, el primer boletín del gobierno estatal es para reseñar los resultados obtenidos en la “Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz” y resaltar “el trabajo coordinado” entre las corporaciones estatales y federales para combatir al crimen.
Este martes quedo exhibido que es uno más de los “discursos vacíos”, palabras huecas que no representan absolutamente nada.
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Epílogo.
En vísperas de las elecciones del pasado 2 de junio, un juez de control en Pacho Viejo resolvió ampliar por un año más la medida cautelar de resguardo domiciliario a Gabriel Deantes Ramos, quien ocupó varios cargos durante la administración de Javier Duarte. *** El juzgador dispuso, además, el embargo de bienes, el aseguramiento de cuentas bancarias y el pago de una garantía económica por un millón de pesos. *** Frente a lo que consideraba una injusticia, Gabriel Deantes promovió un amparo que le fue otorgado por parte del Juzgado Federal 15 de Distrito. *** A propósito de amparos, la mañana de este martes, durante su conferencia de prensa, el presidente exhibió y cuestionó la actuación de los magistrados que otorgaron a Javier Duarte una suspensión. *** Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad acusó a los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado, Michele Franco González, José Manuel Torres Ángel y Juan Carlos Ramírez Benítez, de “favorecer” a Javier Duarte al concederle la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión. *** “El amparo promovido por Javier N es contra cualquier orden de aprehensión que pueda ser emitida por cinco juzgados del Estado de Veracruz y ejecutada por diversas autoridades ministeriales tanto federales como locales en Veracruz o CDMX”, dice le reporte presentado este martes en la conferencia de López Obrador. *** No dan razones jurídicas, ni argumentos en contra. Por el simple hecho de que se proteja al exgobernador de Veracruz, el gobierno federal da por sentado que se trata de “proteger a un delincuente”.
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