Mussio Cárdenas Arellano / ¡Qué infame es el mesías! Andar reclamando un México con justicia, vía su reforma al Poder Judicial, y al mismo tiempo Andrés Manuel suscribe un pacto secreto, el Ejército exterminando sicarios, y le da territorio a los cárteles.
¡Qué infame y cretino! Es tan fraudulento que pregona que el Poder Judicial debe servir al pueblo, y ser elegido por el pueblo, y ser vigilado y purgado por el pueblo, sembrando de incondicionales los juzgados y tribunales, y a la par, a cambio de la pax narca, el Ejército aplica el juicio sumario contra 400 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en abono de su cártel favorito, el de Sinaloa, el del Mayo, el de los Chapitos.
Vende su reforma como la panacea de justicia, la toma del Poder Judicial a manos del pueblo, la elección mediante voto de incondicionales tipo Batres, la ministra ignorante; tipo Yasmín, la ministra pirata; tipo Padierna, el sobrino de Bejarano; tipo Zaldívar, el ministro que amenaza y extorsiona; y jueces por consigna, mientras él, López Obrador, arrastra un sinfín de violaciones a la ley.
Qué concha la del jurista de Macuspana, pontificando por la justicia de los pobres mientras filtra datos personales desde su púlpito mañanero, o atropella suspensiones de amparo, o desacata resoluciones judiciales en el Tren Maya, o lanza lodo y más lodo contra juzgadores que no se pliegan a su locura de poder, o cuando solapa la corrupción de sus hijos, enloquecidos por los negocios multimillonarios en los que se han embarrado, o cuando desató su ira descomunal al ver destrozada la candidatura de su cómplice Salgado Macedonio por el escándalo del ataque sexual.
Este bandolero con banda presidencial es el que pregona que sea el pueblo el que elija jueces, magistrados y ministros, que en esencia es el golpe final para cooptar al Poder Judicial, un auténtico autogolpe de estado.
“No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, eructó un día López Obrador y en la frase resumió su vocación por violentar esa Constitución que en su toma de posesión juró cumplir y hacer cumplir.
Su reforma es una farsa. Quién no recuerda que en 2022 hizo una reforma, igual de tramposa y atestada de marrullerías, pero en ella no contempló la elección de jueces, magistrados y ministros vía el voto de la gente, ni la creación de un Tribunal de Disciplina, ni la extinción de las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quién no recuerda cómo intentó extender dos años la presidencia de Arturo Zaldívar, su incondicional, y dos años el período del Consejo de la Judicatura Federal, que el mismo Zaldívar encabezaba.
El mesías habla de corrupción en el Poder Judicial. Tiene razón. Existe y hay que desterrarla. La Suprema Corte es luz y sombra. Es el dique contra las azotadas de López Obrador al tiempo que ha emitido resoluciones aberrantes, incluso contrarias a la Constitución, incluso otorgando amparos que vulneran los derechos de la sociedad.
Pero no es igual los desvíos de los ministros que cooptar al Poder Judicial como institución.
Pero el principal activo de la corrupción ha sido Arturo Zaldívar, cabeza de una red delincuencial, manejada por sus incondicionales en el Consejo de la Judicatura, revelada en audios que dan cuenta de la presión ejercida contra jueces y magistrados, dirigiendo sus sentencias y resoluciones, principalmente en los casos de suspensiones de amparo que afectaban los proyectos del gobierno obradorista. La presión se traducía en sugerencias, amenazas, castigo, investigaciones contra los juzgadores.
La reforma al Poder Judicial de la Federación no persigue una mejor calidad en la impartición de la justicia. No quiere jueces capaces; quiere leales aunque apenas sepan leer y escribir, y a veces ni eso.
No quiere juristas; quiere tinterillos de rincón, leguleyos de barandilla, que fallen a favor de los intereses de la 4T y dejen sin justicia a todo lo que huela a disidencia y oposición.
Vende su reforma con el señuelo del pueblo actuante. Que se elija a los jueces con el voto de las masas. Que los de la beca, el programa social o la pensión acudan a las urnas a votar por quién sabe quién.
O que lleguen a los juzgados y tribunales los alfiles del narco, los recomendados de las bandas dedicadas a la extorsión, de los tratantes de blancas, de los traficantes de menores, de los que roban carros o casas, de los polleros cuyo negocio es el tráfico de migrantes, o de los que trafican órganos.
Todos, en los territorios que dominan, los que les concedió López Obrador a cambio de disminuir la violencia –que no disminuye y sólo la maquilla–, habrán de amedrentar a poblaciones enteras para imponer jueces a modo, magistrados a modo, personal de juzgados a modo. Así hasta consumar el reino de la impunidad.
La infamia de Andrés Manuel desecha la formación judicial, la trayectoria y el acervo académico. Ser juez, hoy, implica una preparación superlativa, aprobar exámenes de oposición con amplio conocimiento en materia penal, civil, mercantil, de lo familiar, juicios orales, etc. Pero al Peje no le importa. Sólo quiere incondicionales.
El fin es cooptar al Poder Judicial, usarlo, dispensar justicia a los aliados, y fabricar delitos, refundir en las cárceles a los adversarios del obradorismo, perseguir, asediar, aplastar.
“No me venga con ese cuento de que la ley es la ley”, dijo López Obrador en su toma de posesión, el 1 de diciembre de 2018, jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Juró no perseguir ni asediar a otros poderes. Ofreció respetar la autonomía del Poder Judicial, ceñirse a la justicia y a la acción de los jueces. Prometió respeto. Empeñó su palabra. Mintió.
Sólo quienes no conocen al porro pueden creer en su buena fe. Juró respetar la Constitución, aquel que la violaba a diario cuando tomaba pozos petroleros, establecía plantones, bloqueaba carreteras.
Demanda justicia el que se proclamó presidente legítimo, el que bloqueó el Paseo de la Reforma, las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, el que tomó el Zócalo una y otra vez, el que lanzó sus huestes intentando impedir la toma de posesión de Felipe Calderón y desató el caos con los anarquistas que intentaron reventar la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.
El Peje es falaz. Habla de justicia el de la corrupción, al que le estalló el megafraude de Segalmex, el de los negocios de sus hijos, el de los sobres para Pío y Martinazo, el del sobreprecio en Dos Bocas y el Tren Maya, el de los casi 6 billones de pesos de deuda pública interna y externa, el que se jodió los fideicomisos sin rendirle cuentas a la nación.
Y algo peor. Clama por la justicia el de los abrazos para los narcos y los balazos para el pueblo; el que soltó a Ovidio Guzmán; el que se llevaba de a cuartos con la mamá del Chapo Guzmán; el visitante frecuente a Badiraguato, cuna de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa.
Ese es el punto crucial. La reforma al Poder Judicial es la vía libre al crimen organizado hacia la impunidad.
A los narcos, según la investigación realizada por International Crisis Group, les ofreció más territorio si disminuían la violencia. Pactó la pax narca. Les concedió territorio, replegó a las Fuerzas Armadas pero la violencia no cedió.
Entonces hizo que el Ejército realizara labor de exterminio, cazando a 400 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación a los que les quitaron la vida, cuyos cuerpos, recogidos por un cártel menor, fueron a parar en fosas clandestinas.
La revelación de International Crisis Group es gravísima. Desde la Presidencia se consiente a los narcos. Y se usa al Ejército. Y se acredita lo que la periodista Anabel Hernández sostiene: AMLO se debe al Mayo, al Cártel de Sinaloa (CS), a los Chapitos. Como si fuera otro Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, condenado en un juicio en Nueva York por recibir sobornos del CS.
La revelación de International Crisis Group se sustenta en 40 testimonios de militares, navales, policías, integrantes de la delincuencia organizada, todos de identidad reservada, revelando la implicación de Andrés Manuel con el Cártel de Sinaloa, usando al Ejército para atacar al Cártel Jalisco, implicándolo en un crimen descomunal.
Y ese granuja es quien demanda justicia para el pueblo con jueces electos por el pueblo. Qué infame es Andrés Manuel.
Postada
Rocío Nahle y Amado Cruz son adictos al negocio que emana del poder. Rocío Nahle García y sus mansiones millonarias que no incluye en su declaración patrimonial, que debió propiciar su inhabilitación para ocupar cargo público pues no se esclarece el origen, lícito o no, de los recursos con que las adquirió; Amado Cruz Malpica disponiendo del presupuesto del ayuntamiento de Coatzacoalcos a discreción. Al ayuntamiento del morenista se carga la intervención quirúrgica de su esposa Esther Mortera; los autos de lujo –una Explorer, una Territory, una Ranger, una Changan–; los contratos millonarios sin licitación a la empresa fachada que provee de alimento a la Policía Municipal, y la joya de la corona: los negocios en torno a la Expo Feria, la de 2023 con pérdida de 31 millones de pesos y la actual. Ahí hay tufo a corrupción: empresas de reciente creación a las que se les abrió el cofre del tesoro de la Expo Feria, unas para promover y contratar artistas, unas más para traer cubanos a Coatzacoalcos. Sólo una de ellas se llevó la nada despreciable cantidad de 20.4 millones de pesos. Y la pregunta clave: ¿quién fue el coyote que se agandalló el moche? El negocio quedó entre un cercanísimo al edil y un familiar del edil. O fueron los dos. La que pagó, por supuesto, es la cuestionada tesorera Grace del Carmen Mendoza Chesty. Tan recto que ha sido Amado y venir a enlodar el prestigio al final, en el sueño dorado, muy dorado, de ser alcalde…
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