El gobierno de López Obrador debió designar una dependencia para administrar la extorsión que cobran los grupos del crimen organizado en todo el país; de esa manera hubiera institucionalizado la extorsión. Y es que en los municipios de algunos estados el crimen organizado se ha convertido en una especie de recaudador de impuestos. En Tila, Chiapas, los que no paguen 50 mil pesos por vivienda, corren el riesgo de que les quemen la casa con los integrantes adentro. Así en otros estados gobernados por Morena, donde se debe pagar por los víveres que se venden, que se compran y hasta por los servicios. La Ciudad de México no está exenta de este flagelo. En la ciudad que fue gobernada por quien va a ser nuestra presidenta, hay al menos 9 grupos del crimen organizado que controla la extorsión a negocios, empresas y hasta viviendas.
Señala el periódico El Universal en un reportaje: «Las extorsiones en la Ciudad de México son operadas por al menos nueve estructuras criminales, así como por bandas, grupos locales e incluso desde prisión, cuyos integrantes han mostrado injerencia en diferentes puntos de la capital del país para cometer este delito de alto impacto. De las 16 alcaldías, por lo menos 10 sufren el impacto de grupos criminales que extorsionan principalmente a comerciantes o empresarios establecidos. Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, en el centro de la capital; Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, al poniente; Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta y Tlalpan, al sur, registran la injerencia de organizaciones criminales, que han sido golpeadas por diferentes acciones de las autoridades de la capital mexicana. demás de La Unión Tepito, se encuentra la Anti Unión, La Ronda 88, Los Malcriados 3AD, Cártel de Tláhuac, el grupo de Juan Balta, Don Agus, Los Rodolfos y la banda de Christopher Rosales Reyes».
Este es el país que nos heredó López Obrador, por el que millones votaron para que las cosas siguieran así.
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