Irineo Domínguez Méndez / Al coincidir en un lugar con un “capacitador” del INE, le pregunté cuál es la cantidad de dinero que recibirán los funcionarios de casilla, su respuesta fue: $500.00 por el día de la jornada electoral; y al preguntar ¿por el tiempo cedido a la capacitación cuánto? La respuesta fue: NADA. Significando que cualquier otra actividad en la que se destine tiempo y esfuerzo es completamente gratuita y voluntaria; como bien puede ser el acudir a lugares donde reciben capacitación para desempeñar sus funciones o cuando reciben en sus hogares a los capacitadores con el mismo propósito. Ahora bien, relacionando la participación de los funcionarios de casilla con el discurso de políticos conservadores, quienes afirman que tal participación ciudadana en los procesos electorales coadyuva a la democracia, resulta obvio que se trata de un discurso falaz.
Los gobiernos de nuestro País son todo, menos democráticos. Es inaceptable la manifestación de tener un gobierno democrático por el simple hecho de participar en un proceso electoral; es decir, reducir la democracia a un solo acto donde todos tenemos el mismo valor al emitir nuestro voto. Igualmente, es muy discutible la discrepancia entre el valor de la labor desempeñada en varios días de un funcionario de casilla, que culmina el día de la jornada electoral y el valor de la labor de los funcionarios electos. Esto es así por las siguientes razones.
Un gobierno democrático se caracteriza por tener una Constitución Política aprobada y aceptada por todos, en la cual están establecidos principios y conceptos que declaran la igualdad del ser humano ante la ley; la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos. Desafortunadamente, los principios ideológicos de nuestra Carta Magna son soslayados por políticos conservadores que gobiernan, convirtiendo esos principios en cuestiones meramente declarativas. Sí, me refiero a todo político encumbrado, incluyendo a quien se diga progresista y de izquierda; éste, al alcanzar el poder, lucha por conservarlo manteniendo el statu quo como cualquier otro.
El contenido democrático de nuestra Constitución ha sido reducido al concepto de un régimen político calificado de democrático por fomentar, presuntamente, el pluralismo; permitir competencias político-electorales; por celebrar “elecciones auténticas” y respetar el principio de mayoría (toda vez que México practica una democracia representativa). Así lo entiende el “Manual del Participante”, emitido por el Centro de Capacitación Judicial Electoral. En resumen, el gobierno “democrático” en México se practica un único día: el día en que se vota para elegir a un presidente municipal, diputado local o federal, gobernador, senador y presidente de la República.
Hablando de un proceso electoral, este se compone de las siguientes etapas: Preparación de la elección; Jornada electoral; Resultados y declaraciones de validez de las elecciones y Dictamen y declaraciones de validez de la elección. En las dos primeras participan los ciudadanos denominados “funcionarios de casilla”. Al ser insaculados como resultado de un mecanismo electivo, son visitados en sus domicilios por otros funcionarios denominados “Capacitadores Electorales”; quienes les informan de su selección para fungir con el cargo citado. El ciudadano tiene la opción de aceptar o rechazar “la invitación” a colaborar en el proceso electoral.
Llama la atención la responsabilidad que asumen quienes sí aceptan ser funcionarios de casilla y por ello merecen mi más sincero reconocimiento. Ceden su tiempo y ponen su capacidad a disposición de altos funcionarios que integran el Consejo General del INE y el de los OPLE´s, altos funcionarios que – al término de su gestión -, se retiran siendo millonarios.
Los funcionarios de casilla inician su participación con la capacitación que reciben para desempeñar su cargo y culmina casi a media noche del día de la jornada electoral, entendida ésta como la duración de tiempo que permanezcan en la casilla electoral y hasta que entreguen el paquete electoral en el lugar que les indiquen. Una jornada de 15 horas de trabajo en promedio y por la cual recibirán $500.00 como prerrogativa y cero centavos por todo el tiempo en que se preparen para la jornada electoral.
En cambio, un diputado o un senador gana aproximadamente $3,000.00 pesos diarios, se presente o no a la Cámara del Congreso correspondiente. Cuando asiste a cumplir con sus funciones, el diputado o senador lo hace de las 10:00 a las 15:00 horas, generalmente; en otras palabras, labora 5 horas.
¿Porqué reciben tan poco los funcionarios de casilla si trabajan un promedio de 14 a 15 horas el día de la jornada electoral y no reciben nada durante el tiempo dedicado a su capacitación? Los integrantes del INE y de los OPLEs debieran ser más conscientes al respecto y exigir que los funcionarios de casilla reciban una remuneración más acorde al tiempo que dedican y a la responsabilidad que cumplen. Los Congresos, tanto el de la Unión como los locales, debieran incluir un gasto en las leyes de Egresos que cubra la prerrogativa designada a los funcionarios de casilla, misma que debe ser igual a un día de pago de un senador o diputado, cuando menos.
La propuesta anterior, en cuanto al monto que se erogue, tendría que ser descontada de la primera “dieta” entregada a senadores; diputados; gobernadores, presidente de la República y ediles de ayuntamientos electos; tales descuentos tendrían que ser devueltos a la hacienda federal o estatal correspondiente. El pueblo ya está cansado de tanto pinche impuesto que pagamos y del nivel de inflación que atenta contra la supervivencia, violentando nuestros derechos humanos. La partidocracia, hemos descubierto, quiere administrar los impuestos no para servir al pueblo sino para joderlo.
No, no. De ninguna manera lo antes expresado es “puro rollo”. Los ciudadanos que rechazan ser funcionarios de casilla tienen toda la razón. Su responsabilidad los expone a recibir, inmerecidamente, insultos de votantes y de representantes de partido; son señalados de ser permisivos al recibir denuncias de hechos, a pesar de no contar con cuerpos de seguridad que los auxilien para poner orden; incluso, se han dado casos de recibir amenazas. Estas razones y muchas otras más, son las que hacen inaceptable la participación “voluntaria” como funcionario de casilla; pero, la principal es la desigualdad entre la “dieta” que reciben los “electos” y la “prerrogativa” recibida por los funcionarios de casilla.
Es tal su responsabilidad y valor del funcionario de casilla que cualquier manifestación de ilegalidad sobre el proceso electoral se combate argumentando la participación de miles de ellos. En lo personal, discrepo en cuanto a que el día de la jornada electoral sea un acto democrático; más bien es un medio de legitimación del sistema de gobierno partitocrático que mantiene un control manipulador sobre el pueblo.
Otro sí digo. – Los morenos traen un ejército de jóvenes promoviendo a sus postulados; la oposición es casi invisible. ¿En qué usan los partidos de oposición las prerrogativas aumentadas al doble en cada proceso electoral?
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