El domingo 18 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de México y en decenas de ciudades de todo el país la “Marcha por la Democracia”. Ese día no se vieron cientos de camiones cerca de las calles aledañas al Zócalo, no se vieron porque no hubo acarreados. En las marchas organizadas por el gobierno de López Obrador se han documentado como de todos los estados salen miles de acarreados, la mayoría empleados de los gobiernos estatales, obligados a asistir para hacer montón.
En el inicio de campaña de Claudia Sheinbaum, desde días antes, empleados del gobierno de Veracruz fueron avisados de que debían asistir al evento en la Ciudad de México son pena de ser sancionados o incluso de que a los eventuales no se les renovaría el contrato. Los operadores de esos acarreados son los propios gobernadores, quienes buscan quedar bien con Claudia Sheinbaum para asegurarse impunidad cuando salgan, en caso de que la Sheinbaum gane las elecciones.
El acarreo es tan descarado que los secretarios de las dependencias y los directores de despacho, hasta suben fotos con sus empleados a las redes sociales para que quede constancia de su asistencia, sin importarles que eso signifique un delito electoral. Así, la candidata de Morena a la presidencia de México podrá presumir que llenó el Zócalo; claro, no dirá que de puro acarreado. Por cierto, el costo de esos acarreados recae en los bolsillos de los contribuyentes. A menos que esta campaña también la patrocine el narco.
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