Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Se convirtió, sin lugar a dudas, en “el villano favorito” de todos los funcionarios del gobierno duartista que tuvieron problemas con la ley. *** En los testimonios de Antonio Tarek Abdalá Saad (quien fuera tesorero durante buena parte de la administración de Javier Duarte) están basadas la mayoría de las denuncias que los excolaboradores de aquella administración enfrentan hasta la actualidad. *** Todavía era diputado federal, cuando Antonio Tarek Abdalá negoció con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) un mecanismo jurídico que se conoce como “criterio de oportunidad”, esto es: negoció que se retiraran las denuncias en su contra, a cambio de convertirse en informante en todos aquellos procesos que se iniciaron contra funcionarios de la misma administración estatal. *** Y Tarek cumplió, al menos en la primera parte del acuerdo: dio nombres y cifras sobre movimientos financieros irregulares, que permitieron iniciar procesos contra altos directivos del gobierno de Javier Duarte. *** El problema se dio cuando Antonio Tarek se tuvo que presentar a ratificar sus acusaciones. No lo hizo y, como consecuencia de ello, todos esos procesos se fueron “cayendo”. *** La Fiscalía General de la República (FGR) pretendió actuar en contra del extesorero, pero la misma institución lo “blindó”. *** Un tribunal federal ratificó el amparo otorgado a Tarek, con el que queda sin efecto una orden de aprehensión en su contra, por el supuesto desvío de recursos que presuntamente sucedió en el 2013. *** En los argumentos del amparo se señala que desde 2018 Antonio Tarek goza de un “criterio de oportunidad” otorgado por la PGR (hoy FGR), el cual lo blinda para no ser detenido por el mismo delito que le imputa la Fiscalía General de Veracruz. *** Los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito detallan que el exservidor público argumentó que “se le está juzgando por los mismos hechos delictuosos sobre los cuales previamente se le concedió un criterio de oportunidad que, refiere, mantiene suspendido el procedimiento”, lo que estima, “es contrario al principio non bis in ídem (nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos)”. *** Así, ni los casos contra los que fueron sus colegas, ni contra él mismo, han podido avanzar. Alguien no hizo bien su tarea.
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Pareciera una obviedad, pero cada vez que da más claro que hay que recordarlo: hay diferencias sustanciales entre los conceptos de “justicia” y “Venganza”.
La justicia es equidad, mientras que la venganza es represalia. La justicia busca restaurar el equilibrio, en tanto que la venganza busca infligir dolor.
Este fin de semana el exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler, fue imputado por el delito de tortura y el juez de control pasará un año de prisión preventiva como medida cautelar.
Horas antes, los abogados de Winckler habían conseguido que le fuera retirada la medida cautelar de reclusión, por una prisión domiciliaria, por el proceso que se le sigue imputado de desaparición forzada. Al momento en el que se concretaba el cambio de medida cautelar, elementos de la Policía Ministerial de Veracruz le presentaban una nueva orden de aprehensión, ahora por la presunta comisión del delito de tortura.
El próximo miércoles se llevará a cabo la audiencia para que el juez de control de Pacho Viejo decida si lo vincula a proceso.
Su retención en prisión es producto -obviamente- de una “chicanada jurídica”, y si alguien sabe de eso es el propio Winckler, pues él mismo las aplicó cuando estuvo al frente de la Fiscalía.
Soy de los que creen que las dos denuncias contra Jorge Winckler están justificadas. He platicado con algunas de sus “víctimas” (exservidores públicos que sufrieron los actos de represión “justicia” por consigna) y sé de lo que era capaz desde su cargo de fiscal.
Sin embargo, a la vez estoy convencido de que, mientras la justicia se basa en la ley, la venganza se basa en el deseo de hacer daño. Y yo no comulgo con eso. Jorge Winckler debe enfrentar la ley con los argumentos jurídicos que tenga a la mano, mientras que la Fiscalía, esa que él mismo encabezó, debe sumar a su caso las herramientas legales que la Constitución le otorga.
Este mismo fin de semana, el abogado Tomás Mundo informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá en los próximos días si es constitucional o no, la prisión preventiva.
Ya hay antecedentes al respecto, por lo que se anticipa tal medida cautelar será “echada abajo”, y se le limitará sólo para cuando realmente sea necesaria y eso lo acredite plenamente el Ministerio Público.
“Los ministros resolverán si se debe imponer la prisión preventiva, partiendo de que esta medida debe tener fines cautelares y no se constituye como una de medida punitiva, por lo que su aplicación debe ser excepcional”, explicó Tomás Mundo.
El proyecto de los ministros plantea que la prisión preventiva es la medida más severa que puede imponerse al imputado, quien goza, hasta antes de ser sentenciado, de la presunción de inocencia.
Mientras tanto, la exjueza Angélica Sánchez Hernández señaló que el sistema de justicia en Veracruz opera bajo consignas y se dirige, de manera sistemática, contra presuntos adversarios del gobierno estatal.
Desde su óptica, la Fiscalía ejecuta órdenes de aprehensión de manera estratégica. Advierte que cuando un acusado gana un juicio o recibe un amparo que podría dejarlo en libertad, la Fiscalía le fabrica una nueva carpeta y le atribuye otro delito para mantenerlo en prisión.
“Creo que es una táctica muy sucia por parte del gobierno del estado, porque si uno está en prisión preventiva atribuyéndole los delitos que sean, ¿por qué en ese momento no le ejecutan las demás órdenes para que lleve los procesos al mismo tiempo? Esperan a que se le dicte una libertad o un arraigo domiciliario para ejecutar otra orden de aprehensión. Esto sucede con muchas personas. Es ilegal”.
Jorge Winckler tiene que pagar por los delitos que haya cometido desde la titularidad de la Fiscalía de Veracruz. No por eso se justifica que se apliquen en su contra los actos de abuso de poder que él mismo utilizó.
La justicia es imparcial, en tanto que la venganza es personal y subjetiva.
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Epílogo.
Érik Ruíz, el alcalde de Emiliano Zapata, presume de tener una “cercana relación” con el gobernador Cuitláhuac García. Quizá respaldado en esa cercanía, sin previo aviso, sin notificación oficial alguna, durante la madrugada del pasado sábado ordenó el desalojo (incluidas acciones como destrucción y saqueo de mercancías) de los puestos ambulantes que se ubicaban en Las trancas, a un lado del fraccionamiento Praderas. *** Los comerciantes se encontraron, a su llegada la mañana del sábado, con sus espacios totalmente vacíos; descubrieron que se llevaron sus herramientas de trabajo y sus insumos. *** Delitos como abuso de autoridad, despojo y robo, están plasmados en las denuncias que presentan los comerciantes “contra quien resulte responsable”, aunque señalan directamente al alcalde de Emiliano Zapata. *** ¿Será que a Cuitláhuac García le alcancen las fuerzas para defender a su amigo?