Las secuelas del duartismo

Las secuelas del duartismo FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio. 

Un golpe más que exhibe la ineficacia de la Fiscalía de Veracruz. *** El exalcalde de Tierra Blanca y quien se registró como candidato a dirigir el comité estatal del PAN, Tito Delfín Cano, abandonó el reclusorio de Tuxpan, la noche del pasado viernes. *** Ya casi cumplía dos años en prisión, pues el 21 de noviembre de 2021 fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en la carretera Álamo-Cazones. *** Tito Delfín fue detenido justo cuando recorría la entidad para convencer a la militancia panista de que lo eligieran como su dirigente estatal. En principio fue acusado de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y fraude, delitos que -aseguraba la Fiscalía- había cometido entre 2011 y 2013, cuando se desempeñó como presidente municipal. *** Sus abogados lograron derribar esa denuncia, pero al momento en que se disponía a abandonar la cárcel, en septiembre del 2022, fue reaprehendido por la Policía Ministerial, ahora acusado de “delitos ambientales” por fallas detectadas en el relleno sanitario municipal. *** Esa denuncia tampoco la pudo sustentar la Fiscalía y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, lo mismo que el Juzgado 18 de Distrito determinaron que el exalcalde debía ser dejado en libertad. *** Una eficaz labor del despacho jurídico “Ordóñez, Ordóñez y Téllez” y una muestra más de que la Fiscalía en Veracruz, lo mismo que el Poder Judicial del Estado actúan bajo consigna.

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Los funcionarios del gobierno estatal durante la administración de Javier Duarte tienen claro que la guerra jurídica no ha concluido. Un día tienen la buena noticia de que ganaron una suspensión, pero al siguiente son notificados de una nueva embestida judicial en su contra.

El desaseo con el que se manejó en aquella administración el presupuesto estatal sigue arrojando consecuencias y quitándole el sueño a muchos exfuncionarios.

Este fin de semana un juez federal giró órdenes de aprehensión contra siete exservidores públicos que se desempeñaron como funcionarios de primer nivel en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de Veracruz durante la administración de Javier Duarte.

La lista no es menor: Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández, todos ellos que ocuparon la titularidad de Sefiplan. A ellos se agregan Carlos Aguirre Morales, quien fue subsecretario de Egresos y Gabriel Deantes Ramos, exsubsecretario de Finanzas y Administración.

Otros dos funcionarios contra los que se giraron órdenes de aprehensión fueron José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, que en algún momento ocuparon la subdirección de Operación Financiera.

La razón de estos procedimientos en contra de exfuncionarios veracruzanos es la misma: el uso -y abuso- de la llamada “licuadora”, esto es, cuentas bancarias concentradoras con las que evadían la responsabilidad de ocupar recursos federales “etiquetados” en su destino original y desviarlos a otros rubros.

La carpeta de investigación señala que los siete exservidores públicos habrían realizado hasta 17 transferencias irregulares por más de mil millones de pesos, en el año 2013.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que consiguió de un juez de distrito con residencia en Xalapa, las órdenes de aprehensión.

Cabe hacer notar que las personas señaladas en este proceso, ya se habrían amparado contra este mandamiento judicial, por lo que se prevé que lleven el proceso en libertad.

Y mientras “sus muchachos” siguen librando sus batallas en los tribunales, Javier Duarte, desde el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, se entretiene con su nuevo juguetito: un teléfono celular (o tablet) con el que incrementó su presencia en redes sociales y ahora hasta se aventura a comentar sobre el proceso electoral que se avecina.

Gracias a que sigue teniendo “buenas fuentes” en el PRI, Javier Duarte se anticipó y dio a conocer cómo sería el relevo en la dirigencia estatal del PRI y quién habrá de encabezar en esta entidad la competencia por la gubernatura.

“Se confirma lo que se ha venido rumorando en los últimos días, quien se perfila como candidato del frente Amplio por México (FAM) en el estado de Veracruz es el diputado federal priista José Francisco Yunes Zorrilla”, escribió hace dos semanas.

En ese mismo comentario agregó: “Y como parte de su avanzada en las próximas horas se anunciará la salida de Marlon Ramírez como Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI y en su lugar llegará una persona cercana a él como lo es el exdirigente estatal de la CNOP, Adolfo Ramírez”.

Con más de 10 días de diferencia, pero finalmente esto último se concretó. Hoy Adolfo Ramírez es el nuevo dirigente estatal del PRI, l que parece no agradarle al exgobernador.

Este fin de semana, Javier Duarte volvió a dedicarle unas líneas a ese partido que lo hizo gobernador y que después lo expulsó:

“Con ese Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz auguro un apabullante triunfo en las elecciones del próximo año. Son todos conocidos líderes de probada solvencia moral que tienen un arraigo muy sólido en la sociedad y un excepcional trabajo político. Les deseo el mejor de los éxitos en esta encomienda. (Sarcasmo)”.

Fue importante que aclarara que su texto era mero sarcasmo, pues de otra manera sería difícil entender que hablara de “solvencia moral” alguien que está cumpliendo una sentencia en prisión.

Esa desesperación que le provoca el encierro lo hace escribir cosas que lo exhiben como alguien más inclinado a favorecer a la “corcholata” de Morena, Rocío Nahle, quizá porque espera que, en caso de que llegue la zacatecana, le allanen el camino con el proceso judicial que se le sigue en Veracruz, por desaparición forzada de personas.

Una estrategia muy válida para alguien que quiere -a cualquier precio- recuperar la libertad.

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Epílogo. 

El rector de la Universidad Veracruzana (UV) Martín Aguilar Sánchez, reveló este fin de semana que la demanda de esa institución educativa para que le sea asignado el presupuesto que establece la Ley (4% del presupuesto estatal) sigue su curso y mantiene diálogo, tanto con el Poder Ejecutivo, como con el Legislativo. *** Aguilar Sánchez recibió un mandato del Consejo Universitario para que haga uso de todos los recursos jurídicos y técnicos que sean necesarios para defender el patrimonio de la Universidad. *** Insistió en que la demanda del 4 por ciento está respaldada por el artículo 10 de la Constitución local y dijo que mantiene el diálogo con la Secretaría de Finanzas. *** “Estamos dialogando con la Secretaría de Finanzas y Planeación, han estado muy abiertos para el diálogo. Estamos ahorita revisando presupuestos y estamos analizando conjuntamente. Yo espero que pronto lleguemos a un acuerdo”, dijo. *** El rector confía en que a finales de este mes tenga una respuesta más clara sobre el monto que recibirán: “Hemos planteado nuestros puntos de vista y diferencias en torno al presupuesto y destacado lo que establece el artículo 10 de la Constitución de nuestro Estado que en su penúltimo párrafo dice que en el caso de la Universidad Veracruzana el presupuesto asignado no podrá ser menor al 4% del total del presupuesto general del Estado previsto para el ejercicio anual respectivo”. *** La violencia no cesa en Veracruz y las autoridades no encuentran solución. *** El sábado en unos cañales ubicados cerca de la localidad La Estación del municipio de Omealca, fue encontrado el cuerpo sin vida de un campesino. Mostraba la huella de un disparo en la cabeza. *** La víctima fue identificada como Juan Alfredo Zepahua Luna de 28 años y con domicilio en Omealca, quien fue “levantado” por sujetos desconocidos el pasado viernes. *** Cerca de las 3 de la tarde del sábado, habitantes de La Estación alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo atado de pies y manos, tirado en medio de unos cañales.

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