Claudia Guerrero Martínez / Graves denuncias llegaron a nuestra redacción, señalando al multicitado por corrupto y protegido por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el procurador de la Protección al Medio Ambiente, perteneciente a la Secretaría de Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés. Los empresarios están “hasta la madre” de los acosos, cobros indebidos, multas fabricadas y literales extorsiones perpetrados por operadores del titular de la PMA y aplican este abuso de poder y tráfico de influencias para llenar el hambre de poder y de dinero de este literal ladrón como lo señaló en la campaña electoral del 2018, el propio Cuitláhuac García, cuando Rodríguez Cortés era colaborador y operador del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Con la liga: https://lasillarota.com/veracruz/estado/2023/10/13/empresarios-de-veracruz-denuncian-con-amlo-extorsiones-millonarias-de-la-pma-452168.html empresarios de Veracruz bajo la COPARMEX y su presidente Juan Carlos Díaz Morante están señalando a Sergio Rodríguez Cortés como el operador de las extorsiones, fabricación de multas y acosar a quienes invierten en este Estado. Y en la nota informa: “Los empresarios exigieron al gobernador que se frene el acoso por parte del funcionario estatal, pues opinaron, eso va en detrimento de su economía y ellos son quienes generan fuentes de empleo en la entidad”.
Díaz Morante exigió una mesa de diálogo con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ya que el gobernador de Veracruz no puede controlar a su corrupto subordinado funcionario público, el procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, quien no cubre el perfil con experiencia o título universitario en Medio Ambiente, siendo Ingeniero en Sistemas Computacionales, como se dio a conocer en la página oficial del Congreso de Veracruz con la liga: https://www.legisver.gob.mx/Diputados/diputadosLXIV/curriculums/RODRIGUEZ%20CORTES%20SERGIO.pdf
Las cámaras empresariales ya están hasta “la madre” del acoso perpetrado por la PMA, así como amenazas de clausura y multas infladas, por no querer entrar al soborno y pagos de moches, para aminorar dichas multas u omitir acciones legales.
Y aquí otra prueba, con el relato de un grupo de empresarios, presentando la carta íntegra: En nuestro caso, los procedimientos iniciaron con visitas a los puestos de trabajo de las empresas para revisión de documentos, acto supuestamente derivado de denuncias ciudadanas que nunca son documentadas, sino apenas mencionadas en los instrumentos de revisión o notificación.
Bajo estas “denuncias ciudadanas” solicitan documentación correspondiente a trámites ambientales, permisos municipales y estatales, los instrumentos de notificación no contaban con la debida acreditación del domicilio legal o la denominación de las empresas. Desde la primera visita se presta a la extorsión de los agentes o inspectores, quienes bajo intimidaciones aseguran que pueden ayudarte a que las observaciones sean lo menos graves posibles, claro, siempre a solicitud tuya, sin ser forzoso, pero todo el tiempo intimidando con las carencias de documentación que tienes y con todos los supuestos “hallazgos encontrados” con base a la visita practicada.
Acto seguido levantan actas con hechos supuestamente menores, pero que a la larga siguen siendo graves en un procedimiento legal. En esta primera visita realizan clausuras parciales ilegales por los supuestos daños al medio ambiente, siendo en realidad un primer medio de coerción para la extorsión y todo en una sola visita de un par de horas.
Una vez levantada el acta y en todas las visitas posteriores que realizan los notificadores de la PMA, el personal cita como único medio definitivo a la “resolución del conflicto”, agendar una cita con el procurador del Medio Ambiente en las oficinas de la PMA, en Boca del Río, Veracruz. Ahí explican que en ella se fija el monto de la multa a pagar, se acuerden los medios de pago, la posibilidad de hacerlo en parcialidades y terminar así rápidamente con el procedimiento iniciado de revisión.
Aseguran que si sigues estos pasos, la multas y molestias serán menores que dejar el procedimiento continuar su curso legal hasta la resolución, hablando de casos y cifras desde un millón de pesos, reducidas a $300 mil pesos.
En ninguna circunstancia señalaron algún medio de defensa o asesoramiento que nos ayudaran al cumplimiento de los agravios supuestamente detectados al medio ambiente. Pero sí se ofrecen los números de teléfono de la secretaria particular del procurador Sergio Rodríguez Cortés, de nombre Gabriela Guadalupe Aguirre Colorado para agendar el supuesto acuerdo, prometiendo atención personalizada.
A partir de este momento tuvimos 2 opciones, la defensa legal o la extorsión. Hace algunos años, ganamos amparos que dejaban sin efectos su proceder porque violentaban derechos básicos constitucionales para dos empresas distintas que enfrentaron igual procedimientos de la PMA. Hoy en día, el Poder Judicial de Veracruz desecha las solicitudes de amparo argumentado que el afectado debe agotar el procedimiento administrativo correspondiente, mientras las medidas de la PMA pasan a clausuras totales que impiden la actividad de la empresa y sirven como último recurso para obligar a ceder al empresariado al acercamiento con la procuraduría y posterior acuerdo económico.
Actualmente seguimos en proceso de defensa contra el caso más reciente, los amparos interpuestos han sido rechazados por disposiciones cuestionables y jurisprudencias supuestamente ahora aplicables derivados de los múltiples casos que se han presentado entre la PMA y el sector empresarial.
La táctica actual de la Procuraduría de Medio Ambiente, en SEDEMA es retrasar los procedimientos administrativos, así como sus resoluciones con tal de postergar los procedimientos de defensa a los que pudiéramos proceder, agotando los plazos que la ley le concede a la PMA para resolver e incluso los dejan vencer sin notificar sus resolutivos y deja al afectado sin defensa efectiva en una especie de laguna temporal.
En los casos propios, así como en aquellos de los que hemos tenido conocimiento, lo menos importante para la Procuraduría de Medio Ambiente ha sido el supuesto daño ecológico que han causado las actividades de desarrollo económico, tal parece que lo primordial para la dependencia es concretar acuerdos económicos poco transparentes.
Por último, en el análisis periodístico, existe colusión entre el gobernador Cuitláhuac García con su procurador de Medio Ambiente, quienes han visto la PMA y la Secretaría de Medio Ambiente como un negocio para próximas elecciones, en las que el titular de SEDEMA, Juan Carlos Contreras Bautista busca afanosamente ser diputado local en el próximo Congreso de Veracruz y por eso permite que su subordinado Sergio Rodríguez Cortés extorsione, sea mafioso y pillo robando a los empresarios, acosándolos y aplicándoles multas, como aportación de cuotas para la causa llamada MORENA.
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