Mercedes Santoyo, la cómoda funcionaria que solapa todas las corrupciones y raterías de los funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García, quizá pensó que, si ella era utilizada para encubrir riquezas de funcionarios públicos, también tenía derecho a encubrir sus propias riquezas. Por ello le pareció una osadía que la periodista Claudia Guerrero, Premio Nacional de Periodismo, diera a conocer que, durante el periodo de un año, ella se pudiera comprar tres casas. En octubre de2022 la periodista publicó en su leída columna: «La declaración patrimonial de Mercedes Santoyo Domínguez ilustra cómo robar a los veracruzanos, con la ayuda de un cargo que presuntamente vigila, investiga y castiga los actos de corrupción y abuso de poder. A nuestra redacción llegaron los documentos que muestran cómo en tan sólo nueves meses, esta funcionaria estatal (…) descaradamente plasma tres compras de inmuebles y pagadas de contado, por $4 millones 180 mil 440 pesos».
Mercedes Santoyo olvida que es una funcionaria publica y que por lo mismo está sometida al escrutinio público. Con el afán de amedrentar a la osada periodista que dio a conocer sus posibles corruptelas, se fue a la Fiscalía a levantar una denuncia por el delito de “violencia a la intimidad”. Dicho delito no es grave y por supuesto, dado que se utilizaron documentos públicos (declaraciones patrimoniales), el caso se debió haber sobreseído. Sin embargo, quisieron acalambrar a Claudia Guerrero para dejar en claro que se puede amedrentar a cualquier periodista que ande por ahí husmeando en la corrupción ajena.
Y como dicen, para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo, la periodista reafirma su denuncia en contra de Mercedes Santoyo: «Mucho menos está enterado Cuitláhuac García que su contralora general está tratando de minimizar posibles actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, con dinero de dudosa procedencia, por eso la trascendencia de publicar estas capturas de pantalla de documentos oficiales y siendo periodista tenemos el deber de hacerlas públicas, dando contexto en nuestra investigación periodística el dar datos que son parte de posibles actos ilegales en la adquisición de inmuebles y lavado de dinero con recursos públicos, pues es información que se pueden conocer en dependencias oficiales, con carácter meramente periodístico y de denuncia ciudadana. La obligación de la FGE es investigar probables actos de corrupción perpetrados por Mercedes Santoyo Domínguez». Cierto, en lugar de andar investigando periodistas críticos, la FGE debería investigar los actos de corrupción que Mercedes Santoyo encubre.
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