El acoso de policías

Acoso de policías FOTO: WEB
- en Opinión

Filiberto Vargas Rodríguez /

Prefacio. 

¿Nepotismo yo? ¡Jamás! *** ¡Nepotismo en el gobierno de Yunes Linares! ¿O me van a decir que no impuso a su hijo como candidato a gobernador? *** Cuitláhuac García retomó un tema que él mismo ya suponía superado: la presencia, en posiciones estratégicas de su gobierno, de miembros de esa gran familia de apellido Guerrero. *** Ya las preguntas no fueron por su primo, el subsecretario de Administración y Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez (producto, según su propia versión, de los viajes de su abuela a Xalapa), ni por los hijos de Eleazar, ubicados de manera estratégica en la Secretaría de Seguridad Pública y en el DIF. *** No, ahora lo cuestionaron por otros parientes del ramo de los Guerrero, ambas con posiciones relevantes en el Poder Judicial, que encabeza su subalterna, la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Se refirieron a Isabel Cristina Hernández Guerrero, secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura, así como con Alejandra Guerrero Pérez, jefa del departamento de Responsabilidades. *** ¡Investiguen, les doy autorización! Como si fuera necesaria esta para investigar el desempeño de los servidores públicos. El nepotismo es evidente, inocultable, pero en estos momentos los órganos encargados de vigilar y sancionar esas irregularidades están bajo el control pleno de su gobierno. *** Sólo hay que tener un poco de paciencia, pues ya se les está acabando el reinado.

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Si algo hay que reconocer al actual gobierno estatal, es que -de verdad- está preocupado por reducir la incidencia delictiva, esa que -según sus anuncios espectaculares, ya se redujo en más de un 50 por ciento, pero que le sigue generando dolores de cabeza.

Los que de esto saben aseguran que esa prisa por “enfriar las cosas” en la entidad, es consecuencia de un severo “jalón de orejas recibido desde Palacio Nacional.

De cualquier manera, y para hacer más notorio que “sí se está trabajando”, el pasado fin de semana los policías estatales uniformados tuvieron a bien detener un convoy integrado por vehículos de gama alta, con tan mala fortuna, que el personaje que viajaba en esa comitiva era una de las “corcholatas” y amigo personal del “señor presidente”.

Me refiero, por supuesto, a la intervención que sufrió en Coatzacoalcos el aspirante a “coordinar los esfuerzos de la cuarta transformación”, representante del Partido Verde, Manuel Velasco.

El gobernador Cuitláhuac García dijo que él personalmente buscó a Manuel Velasco para ofrecerle una disculpa y aclaró que la policía “no actuó como algunos medios dijeron, queriendo exagerar la nota”.

Sin embargo, el propio aspirante del Partido Verde aseguró que fue “encañonado” por varios policías mientras recorría las carreteras de Veracruz.

“Nos cerraron el paso, nos encañonaron, nos retuvieron por media hora, no nos dijeron nada, eran policías de Veracruz”, narró.

Ese mismo día, en Xalapa, otro grupo policial intervino al dirigente estatal del PAN, Federico Salomón, a quien obligaron a identificarse y detuvieron su viaje hasta que -luego de algunas llamadas- los uniformados recibieron la orden de dejarlo marcharse.

Para justificar el comportamiento de los policías, el gobernador explicó que se trata de operativos diseñados para detectar a delincuentes que están tratando de “camuflarse” trasladándose en vehículos de alta gama.

“Ahora los delincuentes se tratan de mimetizar, usan bajo perfil o se suben en coches de último modelo; tratan de simular que tienen un nivel económico así y entonces tenemos detectado que usan algunos vehículos y cuando los vemos actúan de manera evasiva o de alguna otra manera (y por eso) se hace la revisión”.

Neófito en materia de Derecho, alguno de sus asesores debería mencionarle que la Carta Magna, en su artículo 11, establece que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, y en su artículo 16 se dispone: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

Todo lo que violente esos dos ordenamientos constitucionales debe ser considerado abuso de autoridad y debe ser sancionado.

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Epílogo. 

Falleció en tierras veracruzanas, luego de acompañar a su amigo (y socio, dicen) Adán Augusto López. *** Daniel Flores Nava, quien falleció en un accidente aéreo a finales de julio, era director de Proyecta Industrial de México, una empresa creada en 2011 que -relata un reportaje del portal Animal Político- “sólo vendía equipo de protección y hacía reparaciones en la refinería de Salamanca en Guanajuato durante el sexenio pasado”, pero que con la autonombrada “cuarta transformación” creció de manera exponencial. “Sus ganancias aumentaron en 13,000% gracias a adjudicaciones directas para construir la refinería de Dos Bocas”, señala el artículo. *** “En cinco años del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la compañía participó en licitaciones públicas y apenas logró 196 millones de pesos, pero en los primeros tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador sumó 27 mil 119 millones de pesos en contratos con Pemex, sin siquiera competir con otras empresas”. *** “De ese total, 26 mil millones 735 mil pesos corresponden a cuatro contratos por adjudicación directa para la construcción de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, una de las obras prioritarias del mandatario. Este dinero significa el 22% del presupuesto gastado en dicha obra hasta 2021, cuando sumaba 120 mil millones de pesos”. *** Adán Augusto López no debe ser el único doliente de Morena por esta pérdida. *** Trascendió este lunes que el empresario Fidel Kuri Grajales, dueño de la franquicia “Tiburones Rojos”, habría sido detenido una vez más, cuando salía de una audiencia en Almoloya de Juárez. *** Periodistas deportivos señalan que su aprehensión obedecería a un nuevo proceso en su contra, ahora imputado por un presunto fraude procesal.

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