Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Se han pasado cinco años jurando que han abatido el “huachicol”. Las cifras oficiales dicen lo contrario. *** Durante el primer trimestre del 2023 se han detectado mil 924 tomas clandestinas para el robo de gas LP. Este nivel es 65% superior si se compara con las mil 163 tomas reportadas en el mismo periodo del 2022. *** De enero a junio del 2023 se encontró que la entidad con más tomas clandestinas fue Veracruz. Le siguieron Puebla, el Estado de México, Tlaxcala y Oaxaca. *** Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó, además, que en este primer semestre del 2023 se han interpuesto 42 denuncias por el robo de gas LP en su modalidad de abertura ilegal. *** En este mismo periodo se han gastado más de 75 millones de pesos para sellar las tomas clandestinas para robo de gas LP. *** Apenas en el mes de julio, en una reunión de trabajo realizada en Tierra Blanca, el gobernador Cuitláhuac García informó que se estaban reforzando las acciones para combatir el huachicol en esa región. *** “Ahora venimos a atender un tema federal, el presidente nos encargó (sic) ver lo del huachicol del gas y ese tema estamos atendiendo el día de hoy, vamos a hacer unas inspecciones”, dijo en aquella ocasión. *** Aprovechó para asegurar que el estado es “un Veracruz más tranquilo” y se había visto una disminución en los delitos de alto impacto, a cinco años de que inició su administración: “34 por ciento ha bajado el homicidio doloso y el secuestro estamos bajando 90 por ciento”, dijo. *** Ya se percibía en ese momento que los números no le estaban “cuadrando”.
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Los magistrados y jueces de Distrito no se quedaron cruzados de brazos frente a la andanada mediática del gobierno federal y -como eco- del gobierno de Veracruz:
“La política no es nuestra función constitucional encomendada, como tampoco somos oposición de nadie: reiteramos el total respaldo solidario y legal a las y los titulares de la Judicatura Federal”, señalaron en un comunicado subido la semana pasada.
El texto fue breve, pero contundente:
“Quienes integramos esta asociación, lamentamos los constantes ataques a las juzgadoras y juzgadores federales sin conocimiento de la argumentación jurídica de las resoluciones que se invocan, ni de los criterios legales, constitucionales y jurisprudenciales que las fundamentan, lo que origina información falsa a la ciudadanía y, lo más grave, pone en riesgo tanto a las y los juzgadores señalados injustificadamente, así como a los integrantes de sus familias”.
Y les recordaron a esos jilgueros del gobierno federal, que existen los conductos legales para hacer valer sus inconformidades:
“De antemano sabemos que estamos expuestos a la crítica jurídica de las partes, pero a través de los medios de impugnación que establece la legislación. Asimismo, que somos objeto de un régimen oficial de responsabilidades, pero con base en hechos verídicos, no en meras manifestaciones mediáticas y denostativas”.
La estrategia de los gobiernos emanados de Morena es evidente: saben que para mantenerse en el poder van a tener que pasar por encima de las instituciones que fueron diseñadas, precisamente, para evitar posturas autoritarias y abuso del poder.
Sin embargo, para hacerlo y que su imagen de “defensores del pueblo y de la democracia” no se caiga, lo primero que deben hacer es desprestigiar a esas instituciones, hasta que suene “lógica” su desaparición, “en favor de los derechos del pueblo”.
Hay una expresión a la que recurre con mucha frecuencia el presidente López Obrador (siempre colocándose en el papel de víctima): “la calumnia, cuando no mancha, tizna” y esa es -precisamente- su estrategia.
Con ella justificó la desaparición del Seguro Popular, de las Guarderías Infantiles, del Fondo para Desastres Naturales. En todos esos casos -y en muchos más- su único argumento es que eran “focos de corrupción”, pero nunca presentó una denuncia, nunca exhibió a un servidor público de esas instituciones. Sólo las calumnió y después las borró de la nómina.
Este fin de semana se dio un caso en el que quedó demostrado que la puesta en libertad de sujetos imputados por delitos graves, en muchos de los casos es responsabilidad de la Fiscalía.
Un sujeto al que las autoridades identifican como Miguel “N”, acusado de abuso sexual y homicidio, fue puesto en libertad, luego de cumplir más de 5 años de prisión preventiva.
El pasado 9 de agosto el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Tuxpan dio cumplimiento al amparo concedido a Miguel “N”. El Gobernador Cuitláhuac García calificó la actuación de la justicia federal como “actitud perversa”.
Lo que no explican las autoridades de Veracruz es que luego de más de 4 años transcurridos desde su detención, Miguel “N” sigue sin recibir condena alguna y ni siquiera se ha llegado a la etapa intermedia del proceso.
El fallo emitido por un Tribunal Colegiado menciona que se identificaron “omisiones” por parte de la Fiscalía de Veracruz al justificar la extensión de la prisión preventiva.
Los magistrados señalaron que la Fiscalía no logró argumentar ni sustentar los tres elementos cruciales necesarios, de acuerdo con estándares internacionales y precedentes establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para prolongar la prisión preventiva.
El artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que “la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado”.
Y advierte: “Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”.
Es, pues, la ineficacia en las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia en Veracruz, la causa principal de que presuntos criminales estén en la calle.
¡Qué fácil es culpar, sin elemento probatorio alguno, a los jueces federales!
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Epílogo.
La zona de Poza Rica sigue sin control y la violencia no ha podido ser restringida por las autoridades estatales. *** Este domingo fueron encontrados restos humanos depositados en hieleras. El hallazgo fue en una casa de la calle Gutiérrez Zamora, en la colonia Óscar Torres Pancardo. *** Personal del Ejército Mexicano realizó un fuerte operativo; se acordonó la zona y al lugar ingresaron los peritos de la Fiscalía regional. *** Apenas el miércoles de la semana pasada, en esa misma ciudad se desató una persecución entre presuntos delincuentes y elementos de la policía municipal *** El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín advirtió que, si hay intervención del gobierno estatal en las siguientes elecciones, podría haber un brote de violencia. *** “Si a esto se le suma que hay una gran injerencia del Estado en los procesos electorales y si se le agrega el ingrediente de un sesgo represor que se da en los procesos electorales, pues obviamente todo este coctel de elementos, nos hacen a nosotros alertar del posible brote de violencia una vez más en el proceso de 2024”, dijo.
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