Dice Ana María Olabuenaga en Milenio, que «un contrato es un instrumento legal, un negocio jurídico diseñado para regular obligaciones. Todos lo sabemos, si alguien no cumple con el contrato que firma: de renta, de teléfono, de lo que sea, habrá consecuencias. Un contrato es un compromiso legal». Sin embargo, en su retórica perversa y torcida, el presidente López Obrador intenta hacer ver que los contratos de la empresa de Xóchitl Gálvez son un certificado de corrupción.
«Esta es la información que recibí sobre contratos de Xóchitl Gálvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años», denunció el presidente, sin embargo, no hay ilegalidad en hacer contratos, todo lo contrario, los contratos le dan legalidad a una empresa. Lo ilegal, en todo caso, está en recibir dinero en sobre amarillos sin que haya un contrato de por medio.
Lo ilegal es que el hijo del presidente viva en una casa que le presta una empresa, a la que después Pemex le otorga contratos millonarios. Lo ilegal está en tratar de vender ventiladores en la crisis de la pandemia a sobreprecio y que al final ni sirvan. Lo ilegal está en anunciar una refinería que habría de costar 8 mil millones de dólares y que termine costando 24 mil millones de dólares.
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