Jueza en prisión, víctima de excesos de un poder temporal

Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez / ES TAN evidente el afán del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez de mantener en prisión, al costo que fuere, a la jueza Angélica Sánchez Hernández, vinculada a proceso por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, luego de su detención el viernes en la ciudad de México, que ahora el mandatario usurpando, nuevamente, el papel de la Fiscalía del Estado y ahora, del Poder Judicial, se atreve a decir que la juzgadora en prisión preventiva oficiosa por un año, falsificó un amparo a favor de Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, y todavía “dio fe sobre la supuesta suspensión para su liberación” del penal federal Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, algo que se antoja casi imposible e inverosímil, ya que un amparo difícilmente podría alterarse puesto que se inscribe, al momento de ser expedido, en el libro de registros del juzgado de distrito que lo emite, quedando en ese sitio la evidencia en caso de que remotamente hubiera alguna anomalía –como podría suceder con algún error tipográfico que no es falsificación- que, por otra parte, la instancia contra la que se emite la suspensión tiene manera de corroborarlo. Las propias autoridades penitenciarias del Penal Federal de Ramos Arizpe, en el Estado de Coahuila, estaban obligadas a corroborar la veracidad del documento, pues no hacerlo, y solo dejarse llevar por la versión de una persona en torno a una supuesta suspensión, podría traer consecuencias. Por ello, la postura del mandatario Estatal tiene más un sesgo justificativo del porque aprehendieron a la juez, y no una certeza legal que acredite la comisión de un ilícito que, insistimos, es casi imposible que ocurra, ya que los amparos los emites el Poder Judicial de la Federación y no la justicia Estatal. En todo caso, si el amparo fue falsificado, correspondería a la Fiscalía General de la República presentar la denuncia correspondiente, lo mismo que el Juez de Distrito al que se lo falsificaron, y no a la del Estado o al Poder Judicial de la Entidad.

ENTENDEMOS QUE el mensaje del Gobernador García Jiménez está más dirigido al pueblo bueno, dado la crítica que se ha dejado sentir en contra de su persona, y no para la sociedad que ha estudiado un poco y entendemos lo básico del derecho. Es una manera de justificar una arbitrariedad, pero aceptando sin conceder que, en efecto, el amparo fue falsificado, que lo muestre, que lo presente como evidencia, porque en derecho la prueba es determinante, Y es que la jueza, al acatar la determinación de una autoridad Federal, solo evitó la aplicación del artículo 262 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: 1.-Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; 2.-Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; 3.-No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; 4.-En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y 5.-Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.

PERO LEJOS de exhibir el amparo “falsificado” o en qué consistió la manipulación del mismo, el Gobernador despotrica, como es su costumbre en contra de medios de comunicación, políticos, organizaciones defensoras de los derechos humanos e instancias de defensoría como la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) por pronunciarse en contra de las arbitrariedades que se cometen en Veracruz contra quienes no son afines al gobierno en turno. “¿Esa es la jueza que defienden comentaristas de radio, televisión y politiqueros?”, se pregunta García Jiménez al cuestionar a quienes lo acusan de autoritarismo a ultranza, principalmente líderes políticos que sin conocimiento profundo del tema han reclamado violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias no son graves y no ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que el juez que lleva la causa, muy cuestionado por cierto, debió permitirle llevar su proceso en libertad.

CUITLAHUAC, POR otra parte, dice que “la jueza es imputada por poner mentiras en un documento legal (firmado por ella), como el hecho de ¡inventar un amparo que no existe! con la finalidad de presionar al director del penal para que libere al delincuente ¿esa es la jueza que defienden comentaristas de radio, televisión y politiqueros?”, aunque, insistimos, si el amparo no existe y la jueza solo transmitía de saliva una instrucción de liberación de un detenido en un penal Federal, el Gobernador está jugando con la inteligencia de las autoridades de aquel reclusorio, ya no serían tan ingenuos en dejar en libertad a un procesado solo porque recibieron una llamada de una jueza veracruzana. Eso es incauto, por lo que el titular del Ejecutivo Federal está obligado a probar en que consiste la falsedad del documento, mostrarlo o recurrir al libro de registro del juzgado de distrito, para que con una copia en mano fortalezca sus dichos ante los medios, pues insistimos: García Jiménez solo trata de congraciarse con el pueblo bueno que estaría obligado a creerle todo por las migajas que recibe desde el Gobierno Federal, lo que les induce a acatar todo como corderitos sin chistar, bajo riesgo de perder sus canonjías. Por cierto, el mandatario se lava las manos y argumenta que fue el propio Poder Judicial del Estado el ente que hizo la denuncia en contra de Sánchez Hernández, pues carga con el antecedente de haber liberado ya una vez a “El Compa Playa” por el homicidio del diputado local priista Juan Carlos Molina. “Es en cumplimiento de sus atribuciones (como) el Poder Judicial del Estado señala de delitos a la jueza, no el Ejecutivo”, aunque si esto fuera cierto, debería dejar que sea esa instancia y no el ejecutivo quien lleve la voz cantante en las denuncias que hace a través de medios de comunicación o conferencias de prensa, salvo que sea el vocero del Poder Judicial y de la Fiscalía Estatal, lo que, por otra parte, sería una ilegalidad.

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CONOZCO A Claudia Guerrero Martínez desde hace muchos años. Tengo la certeza de que es una periodista crítica, echada para adelante, madre de un joven médico que realiza su posgrado en el extranjero, y ella lo apoya como solo una mamá generosa y amorosa suele hacerlo. Se trata, por otra parte de una profesionista que con esfuerzos ha logrado concretar su maestría y doctorado, lo que la convierte en ejemplo para muchas mujeres que luchan. Pero al gobierno Estatal –y sus hordas- no les gusta la crítica y usan el poder para amedrentar y perseguir a quienes la ejercen inventando cualquier pretexto. Por ello, vaya desde estas líneas nuestro afecto y solidaridad perenne a la amiga, periodista y profesionista entrega al quehacer cotidiano de servirle a la sociedad llevándole la verdad, aunque con ello ponga en riesgo su integridad y libertad. Vaya que los gobiernos solo cambian de siglas. OPINA [email protected]