Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Nada más certero que la frase: “No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo”. *** La escasez de agua potable es un desafío global que tiene un impacto significativo en la sociedad. A medida que aumenta la población mundial y se intensifica el cambio climático, se está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los recursos hídricos del planeta. Este escenario ha llevado a la escasez de agua potable en muchas partes del mundo, lo que tiene repercusiones sociales de gran alcance. *** La escasez de agua potable afecta la salud y el bienestar de las personas. Tiene también un impacto negativo en la seguridad alimentaria y un severo impacto económico. *** Pero lo que estamos viviendo y aprendiendo en Veracruz, es que la escasez de agua también genera conflictos sociales y políticos. A medida que los recursos hídricos se vuelven más limitados, aumenta la competencia por su acceso y uso. Los problemas de acceso al agua pueden exacerbar las desigualdades existentes. *** Es momento de que nuestras autoridades coloquen con la más alta prioridad la solución a la escasez de agua, o de lo contrario se generará un conflicto que nadie podrá resolver.
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Hoy el tema no será Cuitláhuac García. De él ya se ha hablado mucho y poco se ha avanzado.
Siguiendo el consejo del presidente López Obrador, hoy trataremos de ir a las causas del problema. Bien reza el dicho que “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”.
No tiene la culpa Cuitláhuac García de que su jefe político, su formador, lo haya considerado con la capacidad suficiente para dirigir el destino de más de 8 millones de veracruzanos.
“Tú no te preocupes, haz lo mismo que haga el presidente, y si tienes algún problema, acude a él para que te ayude a resolverlo, o para que te defienda”.
Algún consejo así habrá recibido el ingeniero García cuando le llevaron la noticia de que, contrario a lo que él pensaba, había ganado el derecho a gobernar Veracruz.
Y si algo tenemos que reconocerle a Cuitláhuac García, es que ha seguido al pie de la letra ese consejo. No sólo “hace” lo mismo que el presidente (mentir y atacar a sus oponentes, por ejemplo) sino que habla y gesticula como él.
No se pierde una “mañanera” y se apresura a interpretar y acatar los “mensajes” que su jefe les hace llegar a los “soldados de la cuatro te”.
Como premio a su constancia y su lealtad, el presidente está presto a protegerlo y aprobar cualquiera de sus atropellos, pues todo lo que hace es “por el pueblo y para el pueblo”.
El ejemplo más claro se dio en la “mañanera” de este martes. El cuestionamiento era obligado (la ilegal detención, en dos ocasiones de una juez de control) y desde la oficina de prensa de presidencia se le encargó el tema a alguien de Veracruz.
La respuesta del presidente fue, para ser amables, “didáctica”.
Para empezar, sin que pese sobre Angélica Sánchez una denuncia por corrupción, el presidente -lo mismo que el gobernador- le atribuyó ese delito:
“Lamentablemente muchos jueces -no todos, pero sí una considerable mayoría- y también magistrados, y ministros, no actúan con rectitud y con honestidad. En el caso de jueces —esto tiene que ver con el fuero común y con el fuero federal— se autorizan libertades a presuntos delincuentes y se hacen de manera completamente atípicas. Por ejemplo, esta juez ordena que se libere a un presunto homicida, considerado como parte de un grupo de la delincuencia organizada y da un plazo a los encargados del penal de una hora”.
Para el presidente, una “considerable mayoría” de jueces en el país faltan a la rectitud y honestidad que exige su función. Le preocupa que la juez Angélica Sánchez haya ordenado la liberación de alguien que “es considerado” (¿por quién?, para que lo compruebe) miembro de la delincuencia organizada.
Pero, además, el presidente admite que los fiscales se pueden equivocar al momento de integrar una carpeta de investigación, y los jueces “los deben ayudar”, porque si los fiscales aseguran que son delincuentes, eso debe ser suficiente.
“Ni siquiera hacen algo para buscar reponer el procedimiento, no; es la excusa para ‘vámonos’. Porque, ‘a ver, te equivocastes (sic), pero como yo soy juez y mi propósito es hacer justicia, mi propósito principal, y no quiero dejar en libertad a un presunto delincuente, te pido que me traigas una prueba adicional (…) O sea, ¿por qué no ayudan? Vamos a decir: está mal la averiguación, pero estamos hablando de un asunto de un delito grave, estamos hablando de homicidios, entonces ¿cómo se va a utilizar eso de excusa, de pretexto? ¡Nada! Si se le pregunta a un juez, a un magistrado, a un ministro, salen con eso, pero eso no tiene nada que ver con la justicia, eso es un encubrimiento, eso es corrupción”.
Una sugerencia, señor presidente: ¿Qué tal si propone las reformas necesarias para que los fiscales se limiten a presentar a los detenidos, informarle al juez el delito que se le imputa, y se le deja al juzgador la tarea de armar el expediente y emitir la sentencia?
Seguramente así habrá menos errores de los fiscales y, de existir fallas en la carpeta, éstas serán responsabilidad de los jueces.
Con argumentos tan absurdos es imposible razonar.
Por cierto: adivinen a qué argumento recurrió el presidente para cerrar el tema.
“Pero ¿sabes? Antes de que… Porque hay otro asunto también, el de Loret de Mola, que montaron también un espectáculo”.
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Epílogo.
Esta misma semana, el delegado regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el sur de la entidad, Tonatiuh Hernández Sarmiento, reveló que ese organismo contabiliza más de 70 investigaciones en contra de instituciones médicas federales, elementos policiacos y la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de violación a las garantías individuales de la ciudadanía. *** El funcionario apuntó que la mayoría de las quejas son por agresiones de policías, mala atención en los hospitales, o nulo avance de las denuncias interpuestas ante la FGE. *** Los elementos de las corporaciones policiacas -dijo- encabezan la lista de investigaciones y quejas recibidas. *** “Tenemos también quejas en contra de elementos de la policía, por detenciones injustificadas, arbitrarias, ilegales y agresiones físicas”. *** Este martes se agregó una queja más, de pobladores de Banderilla, por el desalojo violento que sufrieron por parte de elementos de la policía estatal, cuando protestaban por la falta de agua potable. *** Lo bueno que la prioridad del gobierno estatal es “el pueblo”.