Armando Ortiz / Margarita Corro es experta en defender lo indefendible. Cuando se dieron a conocer los vínculos de Francisco Navarrete Serna con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la presidenta del Congreso de Veracruz declaró: “Esta persona de la que me hablas es vecino y amigo de toda la vida. ¿Tú no has tenido amigos de tu infancia con los que jugaste, de tu barrio? Él fue señalado, tuvo un proceso, salió exonerado, porque si no estuviera en la cárcel”. Finalmente, Navarrete Serna fue asesinado en un ajuste de cuentas, y Margarita Corro siguió defendiendo su compadrazgo con el narcotraficante: “Es mi amigo y compadre”. Por ello, no extraña que una mujer de su calaña aplauda que, a otra mujer, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la insulten y agredan llevando un ataúd con su nombre a sus oficinas. Margarita Corro, amiga de narcotraficantes, justificó el insulto señalando que la ministra Norma Piña ha cometido mayores ofensas. Al final repitió las líneas que el presidente dictó a su horda de chairos. Dijo que la SCJN no respeta la división de poderes, que el Poder Judicial tiene injerencia en el Poder Legislativo. A Margarita Corro no le importa mostrarse ignorante con tal de repetir las palabras de su presidente; pocas ideas originales tiene la señora, por eso es comprensible su ignorancia.
Seguridad Pública protege a policías que agredieron a pareja gay en el puerto de Veracruz. Víctimas dieron número de patrulla y reconocerían a sus agresores
La Fiscalía de Veracruz, en lugar de proceder en contra de los agresores de una pareja gay, ha buscado dilatar y deshacer la denuncia. Felipe y Rey David, fueron agredidos la madrugada del 28 de mayo. Después de una fiesta ellos esperaban un taxi en una colonia popular de Veracruz. Una patrulla de la Secretaría de Seguridad de Veracruz los abordó con la excusa de una revisión de rutina. Señala Felipe que la revisión en realidad era una excusa para agredirlos y para quitarles sus pertenencias. No conforme con robarles, los golpearon, los humillaron, a uno de ellos lo dieron por muerto y por ello prefirieron retirarse. Felipe y Rey David tienen el número de patrulla y pueden identificar a los agresores. Sin embargo, la Fiscalía, en lugar de ir sobre los policías, ha dilatado la investigación. Señala Felipe en entrevista en Xalapa: “Ayer recibimos una llamada, no sabemos de dónde provenía pero al parecer era como al expediente que están siguiendo, el tipo de voz que a mí me estaban marcando era de imponer que me estaba citando para hacer una entrevista y entonces yo decidí decir que no, que no puedo hacer yo entrevistas solamente en la ministerial o judicial o un lugar público, era en privado para dar una declaración y está nuestra integridad física”. Maniobras de una fiscal espuria para encubrir a los policías delincuentes, de esos que abundan en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. La pareja teme por su vida, pues saben que en Veracruz impera la injusticia con un gobernador más preocupado en insultar a Norma Piña, que en obligar a sus policías a proteger a la ciudadanía.
En Tamaulipas, gracias a Américo Villarreal, el narco cobra piso a los alcaldes de la frontera. Un narcoestado al estilo de la 4T
Desde que era candidato se informó sobre los vínculos de Américo Villarreal con los grupos del crimen organizado. De hecho, Américo Villarreal se ganó la candidatura al gobierno de Tamaulipas gracias al trabajo que realizara en Sonora y en Sinaloa, pactando con los grupos del crimen organizado para que obligaran a los votantes a votar por los candidatos de Morena. Américo Villarreal fue uno de los que viajaba constantemente en el avión del “Rey del Huachicol”, Sergio Carmona Angulo, junto con el presidente de Morena, Mario Delgado. Ahora en el poder, Américo Villarreal está cediendo el poder al Cartel del Golfo. Reporta Salvador García Soto en El Universal: «La mayoría de los municipios de Tamaulipas, incluidos casi todos los de la frontera, de la región centro y hasta alguno del sur, están pagando en estos momentos “derecho de piso” a los cárteles del narcotráfico, que los obliga con amenazas, secuestros de alcaldes y hasta con presión política, a pagar cuotas mensuales que van de los 2 a los 3.5 millones de pesos, dependiendo del tamaño y la economía del municipio, a cambio de servicios de protección». Por supuesto, el gobierno estatal no hace nada al respecto, y no hace nada porque Américo Villarreal debe pagar los favores a los grupos del narcotráfico que lo ayudaron a llegar al poder a él y a los gobernadores de Sonora y Sinaloa. Concluye García Soto: «Y cuando la autoridad, de cualquiera de los tres niveles de gobierno, se somete al narcotráfico y hasta le paga impuesto, entonces se acabó el Estado mexicano»
Comentarios