Otro palo a López Obrador. En su afán de opacidad, quiso ocultar gastos de Tren Maya y otras obras. La SCJN le dice que no, que todo debe transparentarse

Un reportaje de Latinus encendió los focos rojos en la Presidencia. En el reportaje se evidenciaba que la Sedena estaba contratando empresas fantasma para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Fue por ello, para que no hubiera gente husmeando en sus obras, el presidente López Obrador decretó que «son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo». Por supuesto, eso va contra la Constitución que garantiza que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gastan sus impuestos.

Así lo entendieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que echaron para atrás el “decretazo” de López Obrador por considerar que afecta las facultades del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Así lo dejó en claro el ministro Javier Laynez Potisek: «Claro que afecta el sistema, claro que afecta la facultad reglamentaria del órgano (iNAI) y a sus facultades, que mediante un acuerdo se instruya de manera obligatoria a todas las secretarías a que todo eso en lo que no he mencionado, el objeto tiene que ser forzosamente la reserva, forzosamente porque están obligados por el decreto y si el decreto me dijo resérvalo, pues lo que voy hacer es catalogarlo como de seguridad nacional».

Esta es otra de las iniciativas presidenciales que la SCJN echa para atrás. Antes fue la tutela de la Sedena de la Guardia Nacional, después el Plan B que afectaba al INE y ahora el llamado “decretazo”.