Filiberto Vargas Rodríguez /
Prefacio.
Ya se había explicado en este mismo espacio: la señora Karime Macías Tubilla, quien fuera esposa del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, lleva su defensa en dos frentes. *** En el Reino Unido alega que es perseguida política en México y pide, por lo tanto, que le sea otorgado el asilo (con lo que negarían su extradición), mientras que, en México, sus abogados tratan de que la denuncia en su contra sea desestimada, con el argumento de que el delito del que la acusan ya habría prescrito. *** La justicia federal en México, sin embargo, consideran que ese alegato (la prescripción del delito) lo tendrá que hacer valer en el juicio correspondiente y, por lo tanto, no es una razón de peso para cancelar las gestiones para su extradición. *** Este miércoles se dio a conocer que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito decidió no concederle el amparo contra la orden de aprehensión que fue emitida en su contra. *** Dicha orden de aprehensión fue girada por un Juez de Control con sede en Pacho Viejo, a petición de la Fiscalía General del Estado (FGE) que la acusa del delito de fraude específico por un monto de 112 millones de pesos en agravio del DIF Estatal. *** El 22 de noviembre de 2021, la defensa de Karime Macías solicitó la nulidad de una orden de aprehensión en su contra emitida el 25 de mayo de 2018. *** Karime Macías Tubilla alega que el delito por el que se le requiere ya prescribió, toda vez que el supuesto fraude habría ocurrido el 23 de diciembre de 2011. *** Los alegatos seguirán su curso su curso en ambos países.
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Era la primera semana del presente año, el secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla informaba que habían sido detenidas 11 personas, por su participación en el violento inicio de año, en el que se registraron ocho homicidios en el municipio de Poza Rica y anunciaba que se había reforzado la presencia policiaca en la zona norte:
“Por instrucciones del señor gobernador se reforzó la zona; mantenemos un operativo permanente y ya se han dado 11 detenciones por parte tanto de la Fiscalía como de la Secretaría de Seguridad Pública (…) la estrategia es coordinada, la seguridad la encabeza el señor gobernador y con apoyo de autoridades federales, estatales y municipales”, explicó el funcionario en aquella ocasión.
Esta semana, en la comunidad de Acontitla, municipio de Tihuatlán, se registró el homicidio de seis integrantes de una familia (dos menores de edad, tres mujeres y un hombre) y en la cabecera de ese mismo municipio fueron localizados restos humanos de dos cuerpos hallados.
De inmediato, el gobernador Cuitláhuac García encontró la justificación para esa cadena de crímenes en Tihuatlán, y dijo que se trataba de “ajustes de cuentas” entre grupos del crimen organizado que quedaron “descabezados” luego de la detención de sus líderes meses atrás. Los que quedaron en libertad -explicó- luchan por apoderarse de la plaza regional de la droga.
“No tienen relación directamente, pero están en el contexto de ajuste de cuentas entre grupos con las células que quedaron descabezadas. Desde luego de muy arriba, estos grupos están tratando de hacerse de esta plaza regional que incluye a Tihuatlán, Poza Rica, Cazones de Herrera y la parte baja del Totonacapan”.
Pero el gobernador ya tiene la solución a esta crisis de seguridad:
“Se ha implementado un operativo muy amplio, con más de 360 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, desplegados desde Álamo hasta Papantla, cubriendo las demarcaciones arriba mencionadas. Y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, casi estamos llegando a los 450 elementos que están en toda esta región, que van a estar operando para que ningún grupo delictivo se salga con la suya. Va parejo y vamos a hacer justicia a esta familia”.
Pero… ¿en qué momento se retiró ese personal adicional de seguridad para la zona norte? El propio gobernador admite que esta violencia es consecuencia de las detenciones que se han hecho. ¿No previeron que se diera esta reacción de las bandas delincuenciales?
Se da una masacre como la ocurrida den estos días, se suscita, hora después, una fuerte balacera en el municipio de Álamo y, de pronto, el gobierno tiene información que, de conocerla con anticipación, hubiera evitado la pérdida de vidas.
“Los indicios que hemos recabado es que era un punto de venta de droga. Era una persona que vende droga y que fue su familia ultimada y eso se está indagando, por ajustes que están haciendo ahí entre grupos delictivos (…) estamos detectando la participación de al menos tres grupos que están muy debilitados, pero que buscan reforzarse con las células que han quedado de otros grupos que han sido detenidos sus cabecillas”.
Ahora resulta que en el gobierno estatal tienen la información, pero limita su actuación al recuento de los muertos y a la detención que, en muchos de los casos, se trata de “entregas pactadas” con los grupos criminales.
No, no son como los de antes… están más enlodados.
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Epílogo.
La deuda pública es -y ha sido- un gran negocio para los servidores públicos encargados del manejo financiero en el gobierno estatal. *** Cada gobierno que llega se queja de la “pesada carga” que representa el servicio de la deuda y anuncia una “reingeniería financiera” y, en consecuencia. Una “renegociación de la deuda”. *** En este mismo espacio ya se ha explicado que, en esencia, esas renegociaciones no son otra cosa que la ampliación de los plazos de pago y, por lo tanto, cubrir obligaciones financieras más económicas. *** Le explico: si usted tiene una deuda en una tarjeta de crédito y no está en posibilidades de cubrir los montos mínimos que le impone la institución financiera, busca “renegociar” dicha deuda. *** Le preguntan cuánto podría pagar mes con mes, y a partir de ese dato le generan un plan en el que sus mensualidades (lo que en la administración pública se conoce como “servicio de la deuda”) sean menores, pero el plazo y, por consecuencia, los intereses que pague, al finalizar, serán mucho mayores. *** Lo que sucede con la deuda pública, es que para gestionar esas renegociaciones, los gobiernos contratan “gestores financieros”, esto es, empresas que son intermediarias entre deudores y acreedores. Esas empresas cobran cuotas fijas y porcentajes de los montos renegociados. *** En todos los casos, sin excepción, esas empresas ofrecen un “moche” a los funcionarios que les consigan el contrato. Eso pasó también con el “incorruptible” gobierno de Cuitláhuac García y su honesto secretario de Finanzas, José Luis Lima. *** Y es que, en esta “4T” hasta el más chimuelo masca fierro.